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Responsabilidad compartida de la Corte y el INE con el destino de la Consulta de Revocación de Mandato
TERESA GIL. No es herejía preguntarle a unos expertos de la Constitución si la violan. De hecho los expertos son los que pueden violar la Carta Magna más fácilmente porque conocen o deben de conocer todos sus intersticios. Si nos remontamos a nuestra historia y otras cercanas, vemos a menudo resoluciones completamente absurdas en las que se capta la penetración de la ley para interpretarla a modo. De entrada pongo el caso varias veces repetido aquí de Florence Cassez, a la que se dejó libre sin condena con expediente abierto, debido a un acuerdo político entre dos jefes de estado de derecha Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy. Los casos pueden ser innumerables si los analizamos, sobre todo en materia electoral. La interpretación tiene la constante de que la hacen seres humanos que en el sistema pasado, por ejemplo, dependían en muchos casos de las decisiones y consignas del ejecutivo. El derecho es solo una supraestructura que el poder utiliza. Y en el caso actual, grupos autónomos y privados que se sirven de él para fines económicos y políticos.
¿QUE SE PRETENDE CON LA INTENCIÓN REITERADA DE BOICOTEAR LA CONSULTA?
Si hubiera simplismo para calificar la postura tan insistente del INE de cancelar la consulta de Revocación, se podría decir de entrada que los consejeros no quieren hacer un trabajo extra al que antes tenían y que ya se dio recientemente con la consulta popular. Pero sería muy elemental. Tampoco el hecho de que quieran evitar la ratificación porque el propio Lorenzo Córdova consejero presidente del INE ha dicho que cree que la ratificación será segura. Van dos puntos de vista. Puede de ser la soberbia de algunos consejeros, ante la decisión que no esperaban y que coincide con sectores de la oposición de que es un trabajo y un gasto inútiles. Se ha mencionado en algunos análisis el temor de una ratificación masiva que exacerbe una reelección.Y lo más personal, la lucha que está dando Córdova apoyado ahora por el Poder Judicial y partidos perdedores, para no ser expulsado del INE.
LA CORTE, RESPONSABLE DE LO QUE PUEDA PASAR EN LA CONSULTA
Los dimes y diretes judiciales que se estuvieron dando en un entorno tripartita de dos poderes del estado y uno autónomo, dieron bastante que pensar a la opinión pública y desde luego a las diferentes posiciones de oposición y gobierno. La delimitación que está poniendo la Corte con la resolución de su tribunal electoral, y ella misma, cambia un poco la interpretación que había dado en estas semanas. Hay una intención de cerrar el tema, con órdenes no recurrentes que demeritan la consulta, ¿será esa la interpretación que tiene la Corte? Su sistema bibliotecario resguarda largas discusiones y análisis sobre la interpretación y aunque se da esa discusión tradicional cuasi sagrada del derecho, la verdad es que incluye preguntas importantes que habría que analizar. En el Centro de Estudios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación trabajos publicados a nivel interno en abril de 2018, se plantean esas inquietudes, en las que se maneja la perspectiva de este tema desde muchos puntos de vista, incluidos la transparencia y la corrupción. Por su parte, el INE está insistiendo para que el Poder Judicial ordene a la Secretaría de Hacienda más dinero, pero el tribunal ya avaló que se coloquen casillas de acuerdo al presupuesto. Estas serían la tercera parte de las 161 mil con las que se cuenta que serían reducidas a 57 mil, igual que en la consulta popular.
