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Revictimización y restricción al acceso de justicia
YANETH ANGÉLICA TAMAYO ÁVALOS (SemMéxico, Querétaro, Querétaro). El entorno histórico, social, cultural y jurídico del país, es un factor determinante que interviene de forma impactante en la administración de justicia, especialmente cuándo se trata de asuntos en los que las mujeres son víctimas de la violencia misógina, en dónde al victimario, en ocasiones -no tan evidentes- se le considera como un sujeto pasivo, que se ve forzado a despertar sus instintos lascivos ante las provocaciones de las mujeres.
Es preciso aclarar que, cuando indico -no tan evidentes-, me refiero a los casos en que las víctimas, no muestran lesiones físicas de gran impacto para los administradores de justicia y que solo pueden ser acreditadas a través de periciales psicológicas.
Aclarado lo anterior, me atrevo a decir que tal argumento es usado por algunas autoridades encargadas de la administración e impartición de justicia, cuándo al tratar de justificar los hechos denunciados por las mujeres, estas son culpadas y estigmatizadas, negándoles con ello el acceso a la justicia y convirtiéndolas en personas manipuladoras incapaces de sentir sufrimiento alguno.
Quizás mis palabras puedan interpretarse de forma drástica; sin embargo, algunas mujeres que han pasado por contextos violentos y que han compartido sus experiencias, han coincidido en que al momento de acudir a las Fiscalías o a los Organismos no jurisdiccionales, han pasado por la dolorosa revictimización y criminalización de los actos denunciados.
Esto, al tener que declarar ante personal no capacitado de manera repetitiva y en infinidad de ocasiones los actos violentos de los que fueron objeto, reviviendo una y otra vez los eventos traumáticos; quienes además, al momento de pasar por un tamiz psicológico inadecuado, han sido criminalizadas por las autoridades, quienes al no identificar supuestamente rasgos o síntomas que sugieran daño emocional o signos traumáticos de violencia típicos, desacreditan su denuncia y las desvalorizan como personas.
Es en ese momento, donde la capacidad de resiliencia se transforma en una barrera entre la cuál tienen que luchar por la obtención de justicia o por preservar la dignidad, teniendo que tolerar no solo la agresión sufrida, sino el hecho de ser señaladas como responsables de los actos de sus agresores o calificadas como mentirosas.
Acciones que en consecuencia genera fuertes impactos psicosociales, ya que, remueven las situaciones traumáticas generadas por la violación a su dignidad y sus derechos, atentando contra su reputación y honor, lo cuál repercute en su calidad de vida y bienestar.
Generando dos situaciones; la primera, que tiene que ver con la desconfianza para denunciar y / o seguir una denuncia o proceso; y la segunda, que se convierte en impunidad al no ser sancionados los delitos y actos que atentan contra sus derechos humanos.
A las mujeres nos ha quedado claro que, en México el acceso a la obtención de la justicia sigue siendo diferenciado, colocándonos no solo en un plano de desigualdad sino, en una posición que nos minimiza e incrimina.
Pero, además nos ha quedado claro, cómo las instituciones encargadas de impartir justicia, simulan la atención a la víctima y la perspectiva de género, ya que no cuentan con un enfoque diferencial y especializado con el cuál puedan reconocer las características particulares y el grado de vulnerabilidad que nos coloca a las mujeres en situaciones de riesgo.
Si bien es cierto, el Estado Mexicano ha reconocido a través de sus legislaciones la igualdad de derechos, sin hacer distinciones entre hombres y mujeres y ha modificado sus leyes discriminatorias; lo cierto es que, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo, aún resulta imposible alcanzar una igualdad de facto.
Debido a que las circunstancias de violencia contra las mujeres dimanan esencialmente de pautas culturales que, de forma omisa o arbitraria son insertadas por algunos operadores de justicia, ocasionando con ello que, se siga perpetuado la condición inferior de las mujeres.
De ahí que, se requiera de las instituciones encargadas de administrar justicia, el compromiso de dejar de ser omisos e indolentes ante los problemas sufridos por las mujeres, obligando a que todos los operadores se capaciten en temas de género, que les permita evitar entrar en aspectos que justifiquen los actos violentos y eximan de responsabilidad al agente de la agresión.
Además de evitar culpar y poner en duda las versiones de la víctima (con preguntas o aseveraciones que transmitan dudas acerca de la veracidad de su experiencia y que agraven su sufrimiento), pero sobre todo que, les permita brindar el apoyo necesario a las víctimas.
En definitiva, las mujeres no necesitan que las autoridades especulen sobre su calidad de víctimas y las traten como responsables de la comisión de los hechos que denuncian, ellas requieren que el Estado a través de sus instituciones cumplan con el principio de máxima protección y remuevan los obstáculos que impiden el acceso real y efectivo de las mujeres al momento de exigir justicia.
