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>> La solicitud fue presentada por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján; se acusa al juzgador de dictar sentencias que favorecen a criminales que operan en la frontera norte del país
Ciudad de México, 30 de enero 2024 (entresemana.mx). Ante la Cámara de Diputados, el Gobierno federal presentó, mediante la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, solicitud de juicio político contra Crescencio Contreras Martínez, juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el estado de Tamaulipas, por presuntamente favorecer a integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte del país, con la que se fomenta la impunidad y se niega el derecho a la justicia al pueblo.
De acuerdo con la solicitud de juicio político que, de proceder, desaforaría al juzgador para someterlo a juicio penal porque hay una serie de elementos que hacen presumir que las determinaciones del juez de Distrito no se apegan a los principios constitucionales y legales, porque ha sostenido criterios que permitieron la liberación de objetivos generadores de violencia en agravio del interés público.
En la denuncia entregada a la Secretaría General de la Cámara de Diputados se informa a las y los legisladores federales acerca de diversos casos de alto impacto, entre los cuales destaca la liberación de personas pertenecientes al grupo criminal presuntamente vinculado con el reciente secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas, así como otros actos relacionados con la delincuencia organizada como el tráfico de fentanilo, la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho.
Se puede señalar que, de parte del juzgador federal, hubo desapego a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que deben regir la actuación de los jueces.
Por tanto, se presentó una solicitud de juicio político para que dicha soberanía investigue y analice la actuación del juez y, en su caso, proceda ante el Senado de la República, el cual deberá determinar sobre su posible destitución.
El Gobierno de México refrenda su compromiso con la legalidad y el Estado de derecho, así como su lucha permanente y sin concesiones en contra de la corrupción y la impunidad.
