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DULCE MARÍA SAURI RIANCHO* (SemMéxico, Mérida, Yucatán). Nunca ha sido sencilla la relación entre México y los Estados Unidos de América. La derrota en la guerra de 1846-1848 llevó a la suscripción del Tratado de Guadalupe Hidalgo por el que nuestro país perdió más de la mitad de su territorio. Arrancado por la fuerza de las armas, los nuevos límites fueron fijados por el cauce de los ríos Colorado y Bravo (Grande, para los estadounidenses). Las aguas de los ríos asistieron inmutables a los cambios socioeconómicos que tuvieron lugar en sus orillas.
Fue hasta 1944 cuando los dos países suscribieron el “Tratado relativo al aprovechamiento de las aguas de los ríos Colorado y Tijuana y del río Bravo (Grande) desde Fort Quilman, Texas, hasta el Golfo de México”. Ratificado en 1945, rige desde esos años el reparto del caudal que fluye hacia su desembocadura cerca de Matamoros, Tamaulipas y Brownsville, Texas. Su vigencia de más de 75 años no ha librado de tensiones a la aplicación del Tratado de Aguas.
El más reciente problema sucedió el año pasado, cuando se suscitó un delicado conflicto entre el gobierno federal y agricultores de Chihuahua que se vieron privados del agua indispensable para sus cultivos porque el Tratado de 1944 estipulaba la entrega del caudal a los Estados Unidos. Fue una negociación compleja y difícil, pues de uno y otro lado se reclamaba con argumentos el líquido que, más que nunca ahora, recibe el calificativo de vital. Se activaron los mecanismos de solución de controversias y fue posible darle salida, así fuera temporal, a este diferendo que cobró vidas humanas de este lado de la frontera.
Un nuevo conflicto entre vecinos y socios tocó a la puerta la semana pasada. La Unión Americana solicitó la aplicación del capítulo 31, Solución de Controversias, del Tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos (T-MEC). Un conjunto de empresas estadounidenses de energía demandó a su gobierno que interpusiera esta acción, al considerar que las reformas recientes de la Ley de la Industria Eléctrica atentan contra la igualdad de trato a la inversión extranjera. Y esta política sería violatoria del TMEC.
Perspectiva
Desde la perspectiva de los demandantes, el gobierno mexicano favorece a las empresas públicas CFE y Pemex en detrimento de los inversionistas norteamericanos que, en el ramo eléctrico, están dedicados a la generación. El estado canadiense también anunció su actuación en el mismo sentido que los Estados Unidos.
Los paneles de solución de controversias se contemplan en los tratados justamente para tratar de evitar conflictos estériles entre las partes, en los que todos resultan perjudicados.
Considerando lo anterior, este anuncio no tendría que llamar la atención más allá de las empresas y los expertos invitados a estudiar el asunto en los paneles de arbitraje, si es que las pláticas de los próximos dos meses y medio (75 días) no logran despejar las diferencias.
Tan ha sido un tema especializado, que, por ejemplo, en el Tlcan, ¿quién recuerda el arbitraje en relación con el transporte de carga mexicano, impedido a internarse por las carreteras de la unión americana? Como se consideró un asunto económico, se trató y resolvió en ese ámbito.
No sucede así en el caso de la energía. El presidente de la república decidió envolverse en la bandera del nacionalismo revolucionario para emprender la cruzada contra los “neoliberales y conservadores” que tratan a México como colonia.
El llamado presidencial para fijar posición se dará en el marco de las celebraciones del 212 aniversario del Grito de Dolores, el mero 16 de septiembre.
La elección de fecha marca una posible escalada del conflicto, en que a las consultas seguirá la instalación y funcionamiento del arbitraje que tendrá que dar su dictamen en 150 días.
Que la reforma a la Ley Eléctrica da trato de privilegio a la CFE, es cierto. Sobre todo en el caso de la adquisición de la electricidad generada por sus centrales, no importa que sea más cara o contaminante, contraviniendo de esa manera a la propia Constitución. Que haya un límite a la inversión privada —nacional o extranjera— en la generación de energía eléctrica no debería provocar más reacción que indemnizar a las plantas particulares de más reciente operación que resultaron afectadas.
Sin duda alguna, México conserva su soberanía sobre el petróleo y las políticas energéticas. Pero si cambia las reglas de juego para las empresas participantes, tendrá que indemnizarlas. Lo dice claro el Tratado, no sólo para la energía sino en general para toda inversión estadounidense o canadiense realizada en México.
Hace 28 años, en 1994, el principal aporte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) fue la certidumbre: reglas claras para la inversión, para la exportación e importación de bienes y servicios. Y cuando hubiera dudas, aplicación de los mecanismos acordados para la solución de controversias. Esto mismo se mantuvo en el T-MEC, renegociado con el dedo de Donald Trump en el gatillo de los aranceles, revisado y aceptado por el gobierno del presidente López Obrador.
Sería muy lamentable y de alto costo para México, recurrir a la frivolidad y a la descalificación para intentar minimizar el problema planteado por sus socios, Estados Unidos y Canadá.
Bajo circunstancia alguna es prudente jugar con el sentimiento antinorteamericano con el que crecieron generaciones de mexicanos hasta avanzado el siglo XX. El Tlcan creó también una revolución cultural que amortiguó el agravio histórico del despojo, para ser sustituido por la imagen de un país que es socio y receptor de millones de mexicanos que viven en él.
Clave
Más que azuzar cenizas para intentar encender el fuego del patriotismo trasnochado, que los gobiernos se sienten a resolver sus diferencias. Negocien; no olviden el viejo refrán sobre acuerdos, mucho mejores que un buen pleito. Sumémosle que el T-MEC, que entró en vigor el 1 de julio de 2020 fue suscrito para 25 años y en seis años (en el segundo semestre de 2026) deberá revisarse. López Obrador habrá concluido su gestión; habrá una nueva persona en la presidencia; la frontera seguirá existiendo; las aguas seguirán fluyendo y el intercambio de mercancías también.
Un T-MEC fuerte, que aproveche las oportunidades del reordenamiento económico mundial, significará también que millones de mexicanos no tendrán que dejar sus hogares para buscar “el sueño americano”, porque lo encontrarán en casa. De ese tamaño es la responsabilidad del gobierno mexicano en el proceso de solución de controversias internacionales que ha dado inicio.- Mérida, Yucatán
*Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán
