EN LA OPINIÓN DE…/ Alianza entre la 4T y el narco?

RICARDO SANHER. Muchos mexicanos piensan que después de la irrupción en los bancos de información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por parte del grupo de hacktivistas autollamado “Guacamaya”, nada es igual y menos para la cúpula del actual gobierno de la 4 Transformación.

Cuando se empezó a dar a conocer parte de la información de los 6 terabytes que sustrajo de la Sedena el grupo ambientalista, en México varios de los problemas que traen de cabeza al país empezaron a tomar forma, por ejemplo la tozudez del Presidente López Obrador en el sentido de continuar afirmando que su fallida estrategia de seguridad de “abrazos y no balazos” es la correcta, porque el problema de la inseguridad se tiene que atacar desde la raíz y que ésta (su estrategia) ha contribuido a que descienda el número de homicidios en el país.

Esta estrategia sólo ha levantado suspicacias sobre el actuar del Presidente y su gabinete, en el sentido que para nada han descendido los niveles de peligrosidad en el país, muy al contrario, el 2022 se perfila para convertirse en el año más violento en lo que se lleva de registro en este rubro.

Para poner aún más en tela de duda, por decir lo mínimo ya que la información proviene de “primerísima mano” o sea del material que se sustrajo del Ejército, lo afirmado por el Presidente, se dio a conocer que el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, cuando fue gobernador de su estado, dejó en manos del crimen organizado la seguridad de los tabasqueños y puso al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a Hernán Bermúdez Requena; como comisionado de la Policía estatal a José del Carmen Castillo Ramírez, y como director general de la Policía Estatal a Leonardo Arturo Leyva Ávalos, todos ellos presuntamente vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

También entre la información que dio a conocer el GuacamayaLeaks, se dan datos del llamado “Culiacanazo”, a eso le sumamos el encuentro “casual” del Presidente con la madre del “Chapo” Guzmán y añadimos que desde diciembre del 2018 a junio del 2021 el gobierno pagó 22.48 millones de pesos a la Estancia Infantil Niño Feliz, SC, empresa ligada a Ismael Zambada García “El Mayo” y que desde 2007 a la fecha está boletinada en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros  (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como operadora financiera utilizada por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero.

Y por si lo anterior no fuera suficiente, también salió a la luz que un proveedor de armas para un grupo criminal opera desde el Campo Militar No. 1, de la Ciudad de México y también cerca del XIII Regimiento en Almoloya, donde la delincuencia compra por miles las municiones. Vaya, ver para creer.

Señor Presidente, de qué tamaño tendrá que será la maroma que hará junto con su gabinete para “disfrazar” esta información, ya sea por la contundencia de los datos como por la fuente de donde provienen o de qué tamaño será la “bomba de humo” que tendrá que lanzar a sus huestes para que sigan creyendo en su “honestidad valiente”, no falta mucho para que lo veamos.

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