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JUAN CHÁVEZ
Reunidos con tan solo 3 de los 14 dirigentes de los transportistas, la secretaría de Gobernación boicoteó el paro nacional de transportistas anunciado para este 5 de febrero.
Con un comunicado que expidió, la dependencia a cargo de Luisa María Alcalde, impidió que algunas protestas no se realizaran.
No obstante, hubo bloqueo en carreteras de Querétaro, Michoacán, Jalisco, Puebla, Veracruz, Sonora, Edomex y otras entidades.
No le valió a la Segob jugar chueco.
Transportistas acusaron que Segob ‘desactivó’ el paro en algunos puntos, como el Arco Norte, luego de informar que había logrado un acuerdo con los conductores.
El Paro Nacional de Transportistas, contemplaba el apoyo de 150 mil camiones de carga y fue “medio frustrado” por el boicot del gobierno federal, acusaron sus líderes sindicales.
De acuerdo con uno de los dirigentes de los transportistas, que fue entrevistado por el programa de Ciro Gómez Leyva, la secretaría de Gobernación “desactivó” el paro en algunos puntos, como el Arco Norte, luego de lanzar un comunicado donde informaba que había logrado un acuerdo con los conductores.
Sin embargo, algunos transportistas acusaron este lunes que Segob solo se reunió con tres dirigentes y no con los 14 que alistaban el paro, por lo que las protestas estuvieron en pie en varios estados, pero con la presencia de menos integrantes.
“Ellos decidieron ya no venir después de sus acuerdos que tuvieron con Gobernación, no avisaron al resto de sus agremiados o de los otros líderes de las organizaciones y se rompió el bloqueo”, denunciaron.
¿Qué acordó Segob con los transportistas?
Segob detalló en el comunicado que se realizaría la instalación de mesas de diálogo para continuar los trabajos de conciliación y con ello llegar a acuerdos en torno a las exigencias de los transportistas, que piden soluciones en el tema de las extorsiones e inseguridad que sufren en su labor diaria.
Según el comunicado de Segob se llevarán a cabo tres mesas de diálogo, con las que buscarán fortalecer al sector en materia de Seguridad:
*Seguridad en carreteras de parte de la Guardia Nacional y la secretaría de Seguridad Pública Ciudadana.
*Atención administrativa de parte del Gobierno y la SICT.
*Enlace con autoridades municipales y estatales en coordinación con la secretaría de Gobernación.
Pero los acuerdos en esas mesas de diálogo, no fructificarán en los hechos y una vez más, el gobierno de AMLO dará muestras de su desorganización frente a la organización del crimen organizado.
Los transportistas seguirán siendo víctimas de asalto y de muerte.
En otro tema, esta tarde, el presidente López presentará su combo de reformas a la Constitución.
Sin ahondar en detalles, como lo ha adelantado en sus conferencias mañaneras las reformas serán de corte político, electoral y social.
El desmantelamiento constitucional solo tiene como fin que, antes de que termine su período (30 de septiembre próximo) pueda consolidar la continuación de su cuarta transformación.
Su iniciativa de hoy es una forma de intervenir en la elección y, al mismo tiempo, un preparativo para el golpe de septiembre.
Hoy se ensayará lo que se buscará después de la elección federal, una vez que se integre la nueva legislatura. El presidente no quiere negociar hoy ni querrá negociar con la oposición en el último mes de su mandato.
Quiere arrancarle a la Constitución todo aquello que la hace norma imperativa y dejarla como un texto inerte.
Ninguna institución pública contravendrá la voluntad del presidente que expresa la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Toda la estructura del Estado ha de coordinarse eficazmente con el Supremo Poder Ejecutivo para cumplir, con disciplina y lealtad, sus instrucciones.
No hay precedente en la historia constitucional mexicana de un proyecto de tan abierta convicción anticonstitucionalista. Ni los episodios del constitucionalismo conservador del Siglo 19, ni en el proyecto presidencialista de Venustiano Carranza había esa explícita intención de aniquilar a la ley como norma que sujeta, que disciplina, que limita al poder político.
Eso y no menos significan la extinción de los órganos autónomos unida a la devaluación institucional y sometimiento de la Suprema Corte y los órganos electorales.
El efecto de esa reforma sería tener un gobierno que no necesite escucharse más que a sí mismo; un gobierno que tenga el permiso de violar la ley y la Constitución sin consecuencia alguna. Desmantelar a la Constitución como pauta obligatoria del poder es la consumación política del “humanismo mexicano.”
¡Que nadie vuelva a decir que la ley es ley!
