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ANGÉLICA DE LA PEÑA
SemMéxico, Ciudad de México. No se puede ocultar la crisis de la inseguridad pública. Ya no hay carreteras seguras, la inseguridad insoportable ha animado a pobladores a ventilar ante los medios de comunicación que son víctimas del cobro de piso, de cuotas sobre ventas de alimentos y la siembra y la cosecha, por parte de las bandas criminales.
El problema es brutal porque los mafiosos de los cárteles están envalentonados, saben que pueden hacer sus fechorías y no pasa nada, andarán con impunidad total, la gravedad que sufrimos es tal que, sin tapujos usan sus armas de alto poder contra la población en los asaltos o en las fiestas de jóvenes. Usan drones para asesinar como lo vimos en Guerrero.
Literal: están desatados. No hay fuerza pública que les controle, contenga y castigue. No se puede ocultar que la delincuencia organizada controla muchos territorios y van por el control político.
Es verdad que el problema de inseguridad no data en este sexenio. La inseguridad ha ido creciendo desde finales del siglo pasado con el trasiego de la droga. México no solo es tránsito del narco de Sudamérica. Las mafias mexicanas son productores de mariguana, del proceso de las metanfetaminas y otras drogas como la heroína y el fentanilo con ruta hacia Estados Unidos. Son carteles trasnacionales muy poderosos. El negocio crece por el consumo interno también, y nadie lo previno, por el contrario, algún importante funcionario en los 90s minimizó el problema al comentar que México sólo era mula del consumo estadounidense.
Los delitos del crimen organizado no solo refieren al tráfico de drogas, también hay un crecimiento por la impunidad de delitos de alto impacto como la trata de personas, la venta ilegal de armas, el cobro de piso, la extorsión y el secuestro, respecto de los cuáles el gobierno federal se ha caracterizado por su inutilidad e incluso complicidad: el crecimiento de la desaparición forzada es ejemplo de ello.
Por desgracia el Estado ha ido de fracaso en fracaso: desde la constitución de la Policía Federal para enfrentar a la delincuencia organizada y su desaparición hoy. Pasamos de los daños colaterales, las marchas por la paz y la exigencia del reconocimiento de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, a su olvido en este sexenio.
Recordemos López se compromete sacar de las calles a las fuerzas armadas. Pero no fue así, sus compromisos de campaña quedaron en puro pico de perico.
López, ya sin la parafernalia y oropel, será recordado por mentir, por incumplir con la Constitución al ordenar la militarización en ámbitos de la vida civil, por no regresar a las fuerzas armadas a sus cuarteles como lo dijo en campaña.
La nueva Presidenta enfrentará muchos retos. Xóchitl Gálvez ha sido crítica de la continuidad y ha dicho tendrá en su gabinete a las personas más expertas y capacitadas en cada materia, lo que garantiza la conclusión del presidencialismo autoritario. Tendrá que signar compromisos y deberá dedicar muchas reuniones de balance de esos compromisos. Una de las prioridades es la restitución del derecho a la seguridad que tiene que ver con la protección de bienes y personas, con el orden público. La seguridad vista desde las diversas categorías debe tener como eje sustantivo el respeto de los derechos humanos, la prevención de la criminalidad. Enterrar la moralizante y aberrante política de “abrazos, no balazos” del lopezobradorismo.
