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ADRIANA DELGADO RUIZ (El Heraldo de México). Desde que se tiene un registro, únicamente el 40 por ciento de las personas que desaparecen en México son localizadas. En un corte hasta ayer, 9 de mayo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) documenta 245 mil 066 mexicanos que en algún momento han estado ausentes sin saberse su paradero. De ellos, 145 mil 249 fueron localizados posteriormente, pero de 99 mil 817 no se sabe absolutamente nada.
Las entidades con mayor número de desaparecidos son Jalisco con 14 mil 969; Tamaulipas con 11 mil 954 y Estado de México con 10 mil 955. Otras de las más afectadas son: Nuevo León, 6 mil 231; Veracruz, 5 mil 673; Sinaloa, 5 mil 463; Michoacán, 4 mil 313 y Sonora, 4 mil 293.
Todos esos números, así como se ven, son desoladores aun cuando faltan otros contextos. En cuanto a delitos, la cifra negra suele ser mucho más alta dado el miedo a denunciar y la falta de confianza en las autoridades.
También hay que decir que entre los localizados, 9 mil 892 aparecieron sin vida, número que se ve con mucha reserva dado que únicamente el 10 por ciento de los cuerpos hallados en fosas clandestinas son identificados, comenta el Colectivo Justicia y Dignidad de Veracruz, entre muchos otros formados por familias que sufren la desgracia y el viacrucis de buscar a sus seres queridos. El tamaño del asunto es tal que actualmente hay 52 mil cuerpos y restos óseos sin identificar.
Poniendo El Dedo en la Llaga, La diputada morenista, Érika Vanessa del Castillo, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, tiene una iniciativa para reformar el Artículo 17 de la Constitución para agregar el derecho a la búsqueda, es decir, obligar a los tres niveles de gobierno, desde la Carta Magna, a garantizar el derecho de toda persona desaparecida a ser buscada de forma inmediata y efectiva, así como a la identificación y entrega digna de ser el caso. ¿Sería una duplicidad con el derecho a la investigación? Su razonamiento es que no, sino que ambos conforman el de la verdad.
Elevar a rango constitucional una disposición tiene, sin duda, un peso específico mucho mayor. Sin embargo, también es cierto que si no hay la legislación secundaria necesaria, ni la infraestructura, ni la capacitación y concientización de los servidores públicos para cumplirla, puede terminar siendo letra muerta.
El 26 de noviembre pasado, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada concluyó una visita a México para conocer el problema de primera mano. Ese día, el RNPDNO registraba 98 mil 370 desaparecidos. Si para ayer eran 99 mil 817, la cifra sigue aumentando. De ellas, 24 mil 734 son mujeres. El 12 de abril emitió un reporte en que hizo 85 recomendaciones al gobierno mexicano como fortalecer los procesos de búsqueda e investigación y establecer una política nacional al respecto.
¿Ha hecho algo al respecto el Estado mexicano? El 31 de marzo, el Ejecutivo envió al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, para crear un Centro Nacional de Identificación Humana. La idea es sistematizar la búsqueda con bases de datos y muestras genéticas de desaparecidos y sus familiares para hacer las comparaciones, aunque no haya denuncia de por medio.
Pero falta mucho qué hacer. La Comisión Nacional de Búsqueda y los colectivos han denunciado pública y reiteradamente la falta de acuerdo y coordinación con la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales para agilizar la búsqueda e identificación de víctimas.
Es un gran pendiente que crece aceleradamente, en particular desde 2006, cuando inició la escalada de violencia que desató la llamada guerra contra el crimen organizado sin una estrategia bien estructurada.
@AdriDelgadoRuiz
