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ADRIANA DELGADO RUIZ (El Heraldo de México). ¿Bajar el costo de las elecciones? Sí, claro. Pero la designación de consejeros y magistrados electorales por voto popular significa organizar otra elección igual a una presidencial. La de 2018 costó finalmente 28 mil 022.5 millones de pesos, de acuerdo con el cálculo de la firma Integralia. Eso, más las elecciones de 2024 y las consultas que surjan, ya contempladas en la ley. La democracia participativa cuesta, pero ¿tiene que ser tan onerosa además en un país agobiado por el estancamiento económico y la inflación?
Por la de revocación de mandato, pagamos 1,692 millones de pesos para una participación de únicamente el 17.5 por ciento de los electores, muy lejos del 40 por ciento mínimo necesario para que el resultado fuera vinculante. Por la consulta de juicio a los expresidentes, el gasto fue de 528 millones de pesos, con apenas 7.10 por ciento de participación que igualmente no significó ningún resultado que hiciera cambio alguno.
¿Los partidos designarían a los candidatos a consejeros y magistrados electorales o serían postulaciones ciudadanas? Clarificarlo es importante porque, aun con el voto popular, ¿cómo se lograría que esos cargos no terminen siendo igualmente cuotas y cotos de gobiernos o partidos políticos? Se trata de puestos en esencia técnicos, no políticos. Las cualificaciones, especialización y experiencia son mucho más importantes que la popularidad y el carisma.
Por otra parte, la iniciativa de reforma no desaparece realmente la figura de los legisladores plurinominales, sino reduce el número total de todos los diputados y senadores, pero convirtiendo en pluris a todos, dado que la distribución de escaños sería en función del porcentaje de votos de cada partido, siguiendo el orden de las candidaturas en las listas. No es solo un tecnicismo ahorrativo. Ese método haría más claro el compromiso de cada legislador con los intereses de su partido y no con los ciudadanos, dado que la competencia ya no sería por el voto directo sino por un lugar en la lista que les garantice una curul. ¿No es eso contrario al propósito de fortalecer la democracia?
Si hay un acuerdo generalizado entre los mexicanos, es que los partidos políticos reciben demasiado dinero que sale de nuestros bolsillos. Darles mucho menos es más que necesario. Cúanto y cómo, esa es la cuestión. El negocio de los partidos de existencia fugaz tiene que revisarse a fondo. Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México desaparecieron tras la elección federal de 2021 por no lograr ni siquiera el tres por ciento de la votación, pero sus ocho meses de vida nos costaron 564.6 millones de pesos.
Los partidos políticos nacionales existentes, Morena, MC, PAN, PRD, PRI, PT y PVEM, han recibido 26,208 millones de pesos en los últimos cinco años, para sus gastos regulares, es decir, sin contar campañas políticas ni los fondos que se les otorgan a nivel local. ¿Qué beneficio nos ha reportado a los ciudadanos todo ese dinero?
En épocas electorales, se quedan además con 48 minutos diarios de tiempo aire en radio y televisión que no pagan y utilizan para bombardearnos con propaganda mal hecha, sin propuesta ni contenido útil. La iniciativa de Reforma Electoral propone quitarles únicamente 18 de esos minutos. ¿Por qué no todos? ¿Por qué una industria tan importante para el país tiene que cargar con el costo de esos intereses que están claramente lejos de ser los del país?
Queda claro, desde hace mucho tiempo, que no sólo nuestro entramado electoral sino todo el sistema democrático necesita una revisión a fondo. Pero sería realmente legítimo hacerlo viendo por el interés de México y no de cuotas y cotos.
@AdriDelgadoRuiz
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