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ADRIANA DELGADO RUIZ (El Heraldo de México). El fraude de la inmobiliaria Asesores Jurídicos Especializados, en Jalisco, ya supera los 800 millones de pesos y van 728 denuncias. Peor aún, con todo y su tamaño, esa estafa es una raya más al tigre.
Con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Condusef, Hacienda, Banco de México y tantas autoridades encargadas de la regulación y vigilancia del sistema financiero, ¿cómo es posible que una empresa que capta dinero de ahorradores e inversionistas incurra en el engaño de un esquema ponzi y no haya alertas que lo detecten mucho antes de que explote?
El suicidio del presunto perpetrador confeso, Luis Oswaldo Espinoza Marín, complica el panorama, pero no cierra el caso y hay que cuidar que la justicia llegue como debe ser: pronta y expedita. Son personajes de la política, el deporte y la farándula, pero sobre todo familias que pusieron ahí su patrimonio y hoy están en el desamparo.
Poniendo El Dedo en la Llaga, una de las afectadas, la diputada Claudia Delgadillo comenta que hoy no sabe si recuperará la casa que había dado a esa empresa para que administrara su arrendamiento. Paradójicamente, cuenta que si bien no tenía amistad con Luis Oswaldo Espinoza, sí lo conocía hasta por un viaje grupal hecho en sus años universitarios, igual que al diputado Gustavo Macías Zambrano, quien también está entre los afectados.
Caras vemos. Pero un gran problema adicional es que si dos legisladores, uno de ellos integrante de la Comisión de Justicia, pueden ser víctimas de fraude, ¿qué puede pasarle a cualquier otro ciudadano?
De acuerdo con números oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros tres años de la actual administración se registraron 245 mil 613 denuncias por fraude, que son 57 mil 613 más que en los tres años anteriores, un aumento del 30.6 por ciento.
Es fundamental que nuestra educación financiera pase, además del hábito del ahorro y la previsión, por aprender a detectar cuando una oferta de inversión es demasiado buena para ser cierta, detectar los detalles que pueden ser síntomas de estafa y hacer todas las averiguaciones necesarias sobre las personas o entidades a quienes confiamos nuestro patrimonio. Aun así, en ocasiones eso no es suficiente.
Hace muy pocos días, la compañía financiera Unifin cayó en una, al menos públicamente sorpresiva, vorágine que la llevó rápidamente al default. No se trata de un asunto pequeño dado que se trata del segundo intermediario no bancario más importante y aun así ni la CNBV, ni ninguna otra de las múltiples autoridades gubernamentales en el ámbito financiero ha salido a fijar una voz pública.
La incertidumbre e indefensión que eso ocasiona desata más caos. El problema de Unifin también tiene que ver con la pérdida de confianza de los ahorradores en el sistema tras los casos de Alpha Credit y Crédito Real. Esa confianza está rota luego de fraudes como el de Ficrea, que afectó a 6 mil 848 personas desde hace más de siete años y varias de ellas fallecieron ya si haber recibido justicia.
La falta de cuidado de las autoridades también pasa por el sistema bancario. Los cierres del Banco Famsa en 2020 y el Banco Accendo en 2021, también fueron un bombazo a la imagen de fiabilidad tan indispensable para que un sistema financiero funcione sana y sólidamente.
Queda más que claro que toda la sobrerregulación que hay en el sector termina siendo por completo contraproducente si está mal enfocada. Es urgente replantear lo que realmente debe regularse, por supuesto, pensando en la seguridad para los ahorradores y su patrimonio de toda una vida. Incluso nuestro futuro como país abierto a la inversión y el desarrollo está en juego.
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