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OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
En poco más de una semana, cerca de cien millones de ciudadanos decidirán el futuro de este país.
Quince millones de jóvenes de entre 18 y 24 años acudirán por primera vez a las urnas para decidir quién será su nuevo presidente. Se disputarán alrededor de 20 mil cargos de elección popular. Se pondrá a prueba un árbitro electoral que no necesariamente ha probado su independencia y autonomía, así como un tribunal en constante asedio y repetidos asaltos a su presidencia, carente de suficientes miembros para calificar el próximo proceso. La abulia de las autoridades comiciales ha sido permisiva con las constantes violaciones a la ley por parte del propio Ejecutivo, de la candidata oficial, del partido en el gobierno y de no pocos políticos y candidatos de la 4T.
El mismísimo inquilino de Palacio Nacional, desde el inicio de su administración inició una estrategia propagandística para posicionar su proyecto político con base en la división y polarización de la sociedad, recreó perfectos enemigos públicos a quienes culpar de los errores del pasado y del propio presente.
El nuevo mesías nunca se equivoca, es protector y benefactor del pueblo, aunque lo mantenga entre la pobreza y la miseria. Estigmatizó lo mismo a empresarios que a clasemedieros, a científicos que investigadores, a ministros o legisladores de oposición -a quienes calificó de traidores a la patria-, a científicos que investigadores, a feministas y madres buscadoras que a padres de hijos con cáncer.
Señaló con dedo flamígero a farmacéuticos y a industriales de las energías limpias, a periodistas, opinadores, analistas y dueños de medios de comunicación, lo mismo a organismos internacionales que a organizaciones de la sociedad civil. Prácticamente no dejó títere con cabeza. Toda crítica al proyecto político de la 4T era desmentida y anatemizada con los otros datos, con la presentación de una realidad inexistente.
El eufemismo del nuevo socialismo requería de la destrucción del Estado de Derecho, de la abolición de los contrapesos constitucionales, de la supremacía del Ejecutivo sobre los otros poderes, a cuya sumisión se negaron los ministros de la Suprema Corte, quienes viven con la espada de Damocles pendida sobre sus cabezas. El árbitro electoral no fue ajeno a la imposición de una presidencia casi imperial, omnímoda, omnipotente y omnipresente. A la par de la obnubilación de la sociedad, se alentó la pérdida de credibilidad en una institución democrática como el INE y el Tribunal Electoral. No hay más democracia que la emanada de la 4T, sin reparar en que perdió la gobernabilidad a manos del crimen organizado y fue omiso ante el incremento de la violencia política.
Al mismo tiempo, buscó, como Geppetto, legitimar a su títere que asume el papel de candidata sin vida propia que solo quiere emular a su creador. Para ello el titiritero organizó una farsa, mediante la cual paseó por el territorio nacional a sus marionetas que se prestaron a la mascarada, a sabiendas de que ella era la ungida. No tuvieron empacho en violar todos los días la normatividad electoral, lo importante era posicionar la marca y convencer a los electores de que la pobreza es destino manifiesto y que pueden sobrevivir con las dádivas de los programas asistencialistas.
Pero no contaban con la irrupción de una mujer surgida de la sociedad civil que se iba a atrever a desafiar al presidente mismo y su aparato de Estado para enarbolar una candidatura ciudadana que canaliza el descontento social, las causas feministas, la tragedia de padres de hijos con cáncer, que denunciaría la corrupción del presente sexenio, que exigiría un alto a los feminicidios y seguridad para todos los mexicanos, que demandaría crecimiento y desarrollo, generación de empleo, salud efectiva para todos, educación de calidad y apoyo real a la ciencia y la tecnología sin sesgos ideológicos. Defendió al INE y a la Corte de la Nación, abrazó las causas de las marchas ciudadanas, las mareas rosas y se solidarizó con las madres buscadoras y el movimiento 8M.
Esa es la disyuntiva que se despejará el 2 de junio, el continuismo o el cambio; el autoritarismo presidencial o el regreso a la democracia como sistema de vida, el respeto al Estado de Derecho, la división de poderes, elecciones libres, extirpación del crimen organizado de la vida nacional, protección a la vida y el patrimonio de los ciudadanos, modelo económico con crecimiento y desarrollo y el regreso de la paz y la tranquilidad social.
La decisión es de casi 100 millones de mexicanos, sobre todo 15 millones de jóvenes. Qué derrotero tomarán, estamos en el punto de no retorno.
