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OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
La autollamada 4T claudicó en su función primigenia de dar seguridad a los mexicanos y entregó la plaza, primero al crimen organizado -quien le disputa la gobernanza-, y luego a los gringos, de los cuales recibe directrices para el verdadero combate a los barones de la droga, calificados como terroristas por la Casa Blanca. La administración heredó la connivencia gubernamental con las mafias, la simulación en su ataque, la filtración en las áreas de gobierno, la permisividad para controlar las elecciones, financiar campañas e imponer candidatos o desaparecerlos. Ese panorama de ingobernabilidad posibilitó el tránsito libre de drogas por fronteras y puertos a los Estados Unidos. El narcotráfico se convirtió no solo en un problema de salud pública sino de seguridad nacional para la Unión Americana que cobraba la vida de cien mil jóvenes al año.
Al triunfo del republicano, se inició una campaña de hostigamiento para convertir en realidad las promesas de campaña de Donald Trump. Se sellaron las fronteras para acabar con las caravanas de migrantes en busca del sueño americano. Miles de soldados fueron destacamentados en el norte y sur para evitar el avance de los trashumantes. Exigió al gobierno mexicano convertirse en tercer país seguro para recibir a los expulsados y regresarlos a sus naciones. Para defender a sus empresas aplicó los aranceles y el cierre a productos agrícolas. En materia de seguridad impuso el combate a los narcoterroristas, lo que posibilitaba la intervención directa de agentes y tropa en territorio nacional para eliminar o extraer a los hoy llamados objetivos prioritarios, capos de la droga. El inquilino de la Casa Blanca hizo varias advertencias para que la administración de la 4T se pusiera las pilas, y en ocasiones atendieron las solicitudes, inclusive se estructuraron áreas de inteligencia policial en la seguridad pública.
Pero, más preocupados en su proyecto político de perpetuarse en el poder con una presidencia imperial sin división de poderes ni contrapesos constitucionales, descuidaron la amenaza Trump y solo la enfrentaron con el patriotero “mexicanos al grito de guerra…”, sin percatarse de que el neoyorquino busca la instauración de un sistema geopolítico, donde la supremacía americana aniquila el vetusto concepto de soberanía. Hoy el frente de guerra no es una invasión militarizada masiva ni una expedición punitiva como la de John J. Pershing en busca de Francisco Villa, sino modernas intervenciones más tecnificadas con inteligencia militar. Los avisos fueron muchos, pero no escuchados. Comenzaron los sobrevuelos no permitidos, lo mismo sobre Tamaulipas que en el sureste o el Pacífico. Los drones en la sierra. Luego vino el hundimiento de una lancha en aguas nacionales y la orden a la Marina de buscar sobrevivientes. Se anuncia el bloque marítimo para evitar el suministro de combustible a Cuba; México recula y analiza parar la “ayuda humanitaria” a la Isla.
La invasión terrestre ya empezó. Todavía no se explica cómo fue sacado del país el legendario “Mayo” Zambada y la intervención de agentes americanos en suelo nacional. Cede el gobierno y entrega a casi un centenar de narcotraficantes con procesos pendientes aquí, muchos de los cuales tenían amparo para evitar su extradición. Más allá de violaciones al debido proceso, es preocupante que el gobierno abdique a su potestad de enjuiciar a los delincuentes para que rindan cuentas a la sociedad mexicana, donde también causaron daño, violencia y muerte. La intervención de agentes americanos no es nueva, hay que recordar el secuestro de Luis Zuno y del doctor Álvarez Machain en Guadalajara por el caso Camarena. No descansó la DEA hasta cumplir su venganza y obligar la extradición de Rafael Caro Quintero.
Llama la atención la captura o entrega de Ryan Wedding, ex atleta olímpico, narcotraficante comparado por el FBI con el “Chapo” Guzmán o Pablo Escobar Gaviria. Se ufanan de que el mismo cuerpo de élite que sustrajo a Maduro, es el que ubicó al canadiense y lo trasladó a California. Esa es la nueva intervención terrestre, acciones extranjeras que no puede justificar el gobierno. Las autoridades prefieren entregar a los criminales que tenerlos en las cárceles mexicanas, inundadas de corrupción y autogobierno, donde campea la mafia de la extorsión.
Apostilla: Jenny Althair Rivas Padilla rindió protesta como presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), enfocada en convertir a la asociación en un referente de soluciones concretas para los desafíos del sector; destacó que AMPI, con más de 7 mil asociados, será un puente de diálogo y acuerdo entre los poderes públicos, organismos empresariales y la sociedad, para impulsar soluciones en materia de compraventa, renta y desarrollo inmobiliario. La nueva presidenta presentó un plan de trabajo para fortalecer no solo a la asociación, sino a todo el ecosistema inmobiliario para acelerar el flujo de capital y aprovechar estándares globales y certificaciones internacionales para fortalecer la competitividad del sector mexicano, consolidar alianzas internacionales, como la ya existente con la National Association of Realtors (NAR), y atraer inversión mediante misiones comerciales estratégicas. El sector enfrenta retos estructurales como un rezago habitacional de 8 millones de viviendas (INEGI, 2008-2024), que se refleja en falta de vivienda nueva, hacinamiento y carencia de servicios básicos. “No venimos a señalar problemas, sino a construir soluciones. AMPI será la plataforma desde la cual impulsaremos un sector más ético, competitivo y accesible, en beneficio de los profesionales, las familias y la economía de México”, concluyó Jenny Rivas Padilla.
