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RODULFO REYES (Tabasco). El homicidio de periodistas en México no puede entenderse como algo ajeno al clima de hostigamiento que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantiene contra comunicadores críticos. Cómo soslayar que en redes sociales son lapidados permanentemente, por parte de simpatizantes del presidente, columnistas que él califica de adversarios.
Por si fuera poco, los que siguen cayendo son colegas que ejercen en provincia, mientras la Ciudad de México continúa siendo territorio seguro para el oficio, lo cual se demuestra con el dato de que el último periodista asesinado en la capital del país fue Manuel Buendía, el 30 de mayo de 1984, cuya responsabilidad –para variar– se le endilgó al Estado mexicano, apareciendo como uno de los presuntos responsables Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hoy colaborador de López Obrador.
Por alguna razón que solo el presidente entiende, aunque todo apunta a que se trata de una venganza por la campaña de linchamiento que le mantuvo la prensa cuando fue opositor, el de Macuspana parece querer acabar con el periodismo y los periodistas para instalar a su prensa, si se le puede llamar así a la caterva de lamebotas que le hacen preguntas a modo en Palacio Nacional.
La periodista Lourdes Maldonado, ultimada este domingo en Tijuana, pasó a ser la segunda colega abatida en esa ciudad fronteriza en apenas una semana, y la tercera en todo el país en lo que va de enero.
Pese a formar parte del programa de Protección para Periodistas de Baja California, a Lourdes la mataron afuera de su casa, dentro de su carro, de un balazo en la cabeza.
En 2019, la colega había ido a la conferencia mañanera de Palacio Nacional para denunciar que temía por su vida, debido a un problema legal que mantenía con el exgobernador Jaime Bonilla, a la sazón senador con licencia.
«Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida, porque se trata de un pleito que tengo de seis años con él», le dijo a López Obrador.
El jueves pasado Lourdes dio a conocer que había ganado la demanda laboral interpuesta en contra de la empresa Primer Sistema de Noticias (PSN), propiedad de Bonilla.
Antes de ella fue eliminado allí mismo el fotoperiodista Margarito Martínez, quien fue atacado a tiros el 17 de enero mientras subía a su vehículo saliendo de su domicilio.
El 10 de enero, en Veracruz, fue muerto a puñaladas el periodista José Luis Gamboa Arenas, director del medio digital Inforegio, especializado en temas de inseguridad y política.
En 2021, siete periodistas fueron asesinados en México, de acuerdo con la organización Reporteros sin Fronteras, lo que ubica al país como “el más mortífero del mundo para la prensa».
En la mañanera de ayer, López Obrador pidió que no se acusara sin pruebas a su correligionario Jaime Bonilla por el conflicto laboral que tenía con la comunicadora, y aseguró que podría haber políticos que trataran de afectarlo con ese tema.
También dijo que el homicidio es producto de la descomposición en que dejaron al país los neoliberales.
Periodistas de todo el país se están organizando para exigir justicia por la muerte de Lourdes, y seguridad para el gremio.
Pero parece no haber nada que detenga las ejecuciones en un gremio despreciado por las nuevas autoridades del país, empezando por el propio jefe del Ejecutivo federal desde su púlpito de la mañanera.
