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VERÓNICA VALDÉS GONZÁLEZ
Entre las muchas características que distinguen a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador destaca la improvisación.
La carencia de planes en la toma de decisiones gubernamentales se presenta lo mismo en la ejecución de obras de infraestructura como en los programas sociales.
Esta situación incide en el incremento en los costos financieros, tiempos de realización de las obras y, en el caso de los programas sociales el trato denigrante que reciben sus destinatarios.
Ejemplo de lo anterior son las filas y filas que los adultos mayores deben hacer cada vez que el ejecutivo federal hace modificaciones a las pensiones no contributivas para los adultos mayores.
Durante la última mitad de junio y la primera de julio de 2021 decenas de adultos mayores acudieron a formarse afuera del edificio de la Secretaría del Bienestar para solicitar su registro a la pensión de adultos mayores 2021.
Esto después de que el presidente López Obrador anunció que a este apoyo ahora se integrarían personas de 65 años en adelante.
El procedimiento podía hacerse en internet o telefónicamente, sin embargo, la falta de planeación por parte de la Secretaría del Bienestar provocó que los adultos mayores hicieran enormes filas, algunos en silla de ruedas, con muletas o bastones. Hubo quienes pernoctaron desde el día anterior, todo por una ficha.
La obsesión del presidente por centralizar el pago de las pensiones en el Banco del Bienestar ha llevado nuevamente a decenas de adultos mayores, de toto el país, esperar formados hasta tres horas para poder cobrar su pensión.
La decisión presidencial no tomo en cuenta las crecientes quejas que los usuarios de dicho banco han interpuesto ante las autoridades financieras correspondientes.
Las quejas se refieren a retiro no reconocido en tarjetas de debito, entrega incompleta en cajeros, transferencias no reconocidas y fraudes, irregularidades que sumaron 170 millones de pesos en los últimos tres años.
Información de la Secretaría del Bienestar indica que existen en el país mil 342 sucursales, la mayoría se ubican en zonas urbanas.
El proyecto de la Secretaria del Bienestar contemplaba construir dos mil 700 sucursales para 2022 y para llegar a siete mil al finalizar el sexenio.
Centralizar en una sola instancia cualquier procedimiento suele dar como resultado la incompetencia, no es funcional, además de ser humillante para quienes utilizan ese recurso, al no ser ágil ni eficiente.
Si el gobierno, no quiere utilizar los servicios de la banca privada (por costos financieros o políticos) existen en el país mil 700 oficinas de Telecomm, muchas en lugares alejados.
En esas sucursales, desde administraciones anteriores, se llevan a cabo operaciones financieras de instituciones gubernamentales, son corresponsables bancarios.
La centralización lejos de eficientar los servicios los convierte en un vía crucis para los usuarios especialmente cuando queda en manos gubernamentales, especialmente cuando el personal no está capacitado para esa tarea, como sucede ahora; cuando la institución de referencia también registra problemas financieros.
