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ÁNGEL ÁLVARO PEÑA. Lo que era un rumor se convirtió en una confesión, y como dicen los abogados: “A confesión de parte, relevo de pruebas”. Y así solita la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tan controversial como los casos que le rodean, se convirtió en una invasora donde intentó tener injerencia en el Poder Legislativo, desde el polémico Poder Judicial.
Luego de que la ministra presidenta de la Suprema Corte reconoció la autoría de los mensajes de texto, a través del celular enviados al presidente del Senado, Alejandro Armenta, el legislador exhibió a la ministra en su ánimo de presionarlo.
En primer lugar, lamentó que se emitan expresiones a título personal entre dos poderes de manera tan superficial y sin dar aún respuesta al oficio formal que le presentó a la jueza el 17 de mayo, para que se investigaran los hechos.
El senador argumentó públicamente que la investidura que tiene como presidente del Senado y la de presidenta de la SCJN exige una comunicación institucional como lo establece la Constitución, no puede usarse ningún medio que no sea ese, de tal manera que se falta al respeto a los miembros de otro poder.
Aquí, puede agregarse el hecho de que el Poder que menos fuerza tiene es el Poder Judicial, porque no es electo por la población., de tal suerte que un poder, cuyos miembros son escogidos de manera discrecional, no hace otra cosa que también insultar a los representados por el Poder Legislativo, habida cuenta de que los integrantes del Poder Judicial no representan a nadie.
Desde el inició de la discusión las opiniones se dividían. Hubo, entre los legisladores, que argumentaban que las afirmaciones de Armenta eran mentiras; también hubo, entre miembros del poder Judicial, quienes afirmaban que Norma Piña era capaz de eso y más.
En el auge de las divisiones que interpretaban la discusión entre amigos y enemigos surgió una carta de la ministra admitiendo que envió mensajes intimidatorios al senador, desvaneciendo duda y señalando culpables.
Aquí no se trata de ventilar los problemas que, hasta la fecha, habían rodeado al poder Judicial, sino de la intromisión de un poder de facto contra un poder de representantes de los mexicanos. Dos poderes autónomos con grandes diferencias entre sí. Tampoco se trata de diferencias ideológicas o partidistas, que sin duda las hay entre los poderes. Esta vez el meollo del asunto es la injerencia que se trató de llevar a cabo, por las malas, para condicionar posturas y orientar decisiones de parte de la ministra.
Tampoco se trata de juzgar a los juzgadores, entre quienes hay honestos y deshonestos. Pensamos que la mayoría son derechos, legales, apegados a la justica. Se trata de que, según el Artículo 39 de la Constitución mandata “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”.
Esto incluye a los ministros de la Suprema Corte, y, en espacial a la ministra presidenta que debe ser ejemplo para todos sus compañeros de la corte y el resto de los jueces que hay a lo largo y ancho del país.
La justicia para los mexicanos debe estar en manos de una autoridad que responda a los intereses del pueblo y no a un criterio personal, y lo hecho y manifestado por la presidenta ministra no sólo desprecia los protocolos que dan legitimidad a la comunicación entre poderes sino que hace de su puesto un vehículo para presionar decisiones a su favor, de manera personal.
La ministra considera que la conversación por celular no fue más que una comunicación personal con el senador Armenta; sin embargo, no podemos argumentar desconocimiento a una persona que es ministra de la Suprema Corte desde 2015, es decir tiene casi 8 años decidiendo sobre el destino de la legalidad en México. Es magistrada de Circuito desde el año 2000, lo cual implica que no hay posibilidad de error o descuido al desaseo de la manera de intimidar a un compañero del Poder Legislativo.
El hecho de regresar al diálogo institucional no alivia el agravio, ni disculpa la intromisión. Es necesario que haya cambios en serio, donde sean los propios jueces y ministros los que propongan un destino diferente de las leyes de México.
Debe valorarse el reconocimiento de la ministra al decir que los mensajes eran reales y personales, lo que es reprobable es que los justifique y que los denomine como una manera normal de comunicarse cotidianamente, sobre todo tratándose de que su interlocutor es miembro de otro de los poderes del Unión, los cuales juntos y autónomos crea nuestra nación.
Se trata de un caso sin precedente, donde lo personal quiere imperar sobre el interés supremo de la responsabilidad legal, desde el más alto tribunal del país, en momentos en los que hay cambios profundos, en los que no todos están de acuerdo, pero en lo que coincidimos es que hay transformación.
Existe una necesidad de cambio profundo en el Poder Judicial, lo sucedido entre Piña y Armenta es un claro ejemplo de esta urgente decisión que deberá surgir desde adentro del Poder Judicial, para que pueda reivindicar su mala fama y subirse, de manera definitiva, al tren de la modernidad, porque la propia forma de vestir, de hablar, de redactar sus fallos, está más cerca de la Edad Media que del siglo XXI.
Esta es una gran lección que deberá aprender todo integrante del Poder Judicial e impulsar, por convicción propia, una renovación de algo que no se ha movido en siglos.
PEGA Y CORRE.- Peligrosas sin duda algunas de las aseveraciones de la candidata del PRI a la gubernatura del Estado de México que parecen amenazas, como justificando un fraude electoral del que deben estar pendientes los habitantes de esa entidad…Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
