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ADOLFO RAMOS ESPINOSA
El territorio nacional sigue bañándose de sangre.
Las masacres, atribuibles a la disputa que tiene el crimen organizado por la disputa de los territorios, están imparables.
Hasta ahora no hay estrategias, ni acciones de los gobiernos federal, estatales o municipales, que puedan contener los asesinatos colectivos.
El exterminio puede corroborarse con las ejecuciones que tienen lugar en entidades como Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Puebla, sólo por mencionar algunas de las entidades donde la violencia está imparable.
Justo en ese contexto, sigue vigente el tema de la introducción de armas de contrabando a México y que ha servido para que se demande a los armeros de Estados Unidos.
Más habría que preguntarse si el problema está en la fabricación de esos instrumentos letales o en la forma en que son introducidos a la República Mexicana.
Las aduanas mexicanas figuran como el punto estratégico, además de que las autoridades nacionales muestran fragilidad en la vigilancia para poder impedir el contrabando del armamento.
Las frases, son recurrentes: Caiga quien caiga. Llegaremos hasta las últimas consecuencias. Las escaleras, se barren de arriba para abajo. Nadie por encima de la Ley.
Cantaletas que se pronuncian con singular desparpajo, pero nada cambia.
Durante largo tiempo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha sido la encargada de anunciar la remoción de administradores aduanales que, presuntamente, están vinculados a actos de corrupción.
Un sólido argumento es que no sólo se requiere gente honesta, sino con experiencia en el ramo. Pero hasta ahora no se tiene contemplado que haya efectividad.
La pregunta obligada es ¿y qué pasa? ¿Han sido sancionados, encarcelados o exhibidos quienes debieran impedir ese tráfico?
En México existen un total de 49 aduanas, 64 salas internacionales de pasajeros y 276 puntos de revisión a lo largo de todo el país.
En el caso de las aduanas, las 49 se encuentran divididas de forma oficial en 4 diferentes áreas:
19 en la frontera norte
2 en la frontera sur
11 interiores
17 marítimas
En la frontera norte: Agua Prieta, Ciudad Acuña, Ciudad Camargo, Ciudad Juárez, Ciudad Miguel Alemán, Colombia, Matamoros, Mexicali, Naco, Nogales, Nuevo Laredo, Ojinaga, Piedras Negras, Puerto Palomas, San Luis Rio Colorado, Sonoyta, Tecate y Tijuana.
En la frontera sur: Ciudad Hidalgo y Subteniente López.
Aduanas interiores: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Aguascalientes, Chihuahua, Guadalajara, Guanajuato, México, Monterrey, Puebla, Querétaro, Toluca y Torreón.
Aduanas marítimas: Acapulco, Altamira, Cancún, Ciudad del Carmen, Coatzacoalcos, Dos Bocas, Ensenada, Guaymas, La Paz, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Mazatlán, Progreso, Salina Cruz, Tampico, Tuxpan y Veracruz.
Una larga y extensa región porosa donde el tema que domina, son actos de corrupción. Y, por supuesto, por donde entran las armas que son fabricadas en Estados Unidos pero que entran a México con la complicidad de autoridades nacionales.
El tema de la corrupción en aduanas ha sido tocado en las diferentes esferas del Ejecutivo Federal, pero la respuesta ha sido nula. Sigue imperando el negocio y el contubernio en aduanas.
La comisión de los delitos involucra a servidores públicos y a quienes de ello se benefician. Tampoco están exentas las agencias aduanales a través de las cuales se importa y se exportan productos internacionales y nacionales.
Es una red incalculable porque se privilegian los grandes ingresos para quienes buscan obtener ganancias económicas al margen de la ley.
Las aduanas son una fábrica de ilícitos en los que tampoco está exento el Instituto Nacional de Migración, que requiere un trato semejante o quizá de mayor rigor.
La Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Gobernación, tienen bajo su tutela y sus funciones a esas dependencias que han sido eternamente una cloaca de corrupción.
Ellos tienen los instrumentos legales para hacer una realidad el tan pregonado Estado de Derecho. Ellos tienen a su alcance, quién sabe si la voluntad, para combatir la impunidad.
Queda claro que la violencia desatada figura el uso de armamento que no se fabrica en México, pero lo que no se analiza es por dónde entra ni quién es responsable de que sea introducido al país impunemente.
Más que en las cortes internacionales, la respuesta está en frenar el contrabando de ese armamento que es utilizado por las bandas criminales.
