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ADOLFO RAMOS ESPINOSA
Cuando las cifras, las declaraciones y los hechos no cuadran, es difícil aceptar que impera la verdad.
Legitimar procedimientos que encubren la corrupción, es avalar la podredumbre. Validar postulados contrarios a las tesis de honestidad que se presumen.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha lamentado el desfalco en Segalmex durante su administración, y ha sostenido que todos los responsables están en la cárcel.
Afirmaciones carentes de veracidad. Ignacio Ovalle Fernández, quien estaba al frente de Segalmex durante el desfalco, está libre y limpio de culpa, además de premiado con un alto sueldo en el gobierno federal.
Ovalle Fernández, era titular de Segalmex durante el periodo en el que se cometió el desfalco superior a los 9 mil millones de pesos, ocupa un puesto en un organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Él era el titular de ese organismo durante el periodo en el que se cometió el desfalco superior a los 9 mil millones de pesos, ocupa un puesto en un organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Agonizante el sexenio y en sus últimos días como presidente de la República, López Obrador admite que uno de los aspectos que más le dolió durante su mandato fue el desfalco de Seguridad Alimentaria Mexicana, el organismo paraestatal dedicado a combatir la desnutrición en México. Asegura que todos los responsables están en la cárcel, ya que en su gobierno no se tolera la corrupción.
Y a manera de justificación ha sostenido:
“Una de las cosas que lamento fue el fraude en Segalmex, porque era una nueva dependencia para apoyar a los productores del campo, muy parecida a Conasupo de los viejos tiempos, pero con el propósito de evitar la corrupción de Conasupo y ayudar a los productores”.
Roberto Salcedo, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), al dar un informe de la situación del fraude en Segalmex, Diconsa y Liconsa, señaló que a la fecha se tiene resuelto que “el daño patrimonial consignado hasta el momento es, precisamente, de dos mil 700 millones”.
Es decir que con un plumazo y huecas palabras, se borran 7 mil millones de pesos para maquillar una ratería que en práctica permanece inpune.
Salcedo afirma que, en los años de 2021, 2022, 2023 y 2024, se han solventado la totalidad de las observaciones del proceso fiscalizador, tanto de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Que, a la fecha, de los nueve mil 500 millones de pesos observados en las cuentas públicas 2019 y 2020 por el caso Segalmex —el caso de corrupción más grande en esta administración—, se tiene la información de que cuatro mil 700 millones (cerca del 50 por ciento del total) ya fueron aclarados y dos mil 100 millones (el 22 por ciento) están proceso de análisis.
En su oportunidad ese mismo secretario de la Función Pública, informó que los daños en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) por fraudes y malos manejos alcanzan los 9,500 millones de pesos. Ahora se autorrige.
Tiempo atrás la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, Secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, dio a conocer en que el quebranto en Segalmex, Diconsa y Liconsa no fue por 9 mil millones de pesos como señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que es de 20 mil millones de pesos. Además de que acusó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de no entregar la información sobre este caso y ampararse para mantenerla oculta.
En esa danza de cifras millonarias viene a la memoria un personaje acostumbrado a vivir en el escándalo, Hilario Ramírez Villanueva, mejor conocido como “El Amigo Layín”.
Él fue candidato independiente a la gubernatura de Nayarit. Durante los trienios 2008-2011 y 2014-2016, tuvo su primer y segundo periodo como presidente municipal de San Blas.
En cuando menos dos ocasiones, también, se dieron a conocer órdenes de aprehensión. Investigado por desvío de recursos y ejercicio indebido de funciones.
Empresario y dueño de una empacadora de mango en Huaristemba, Nayarit, presumió su desfachatez. Como buen cínico, ratero dijo: ¿Qué le robé a la presidencia?, sí le robé, sí le robé, pero poquito porque está bien pobre. Nomás le di una ‘rasuradita.
En Febrero del año 2015, durante una fiesta de cumpleaños – que tuvo un costo de 15 millones de pesos- le levantó la falda en tres ocasiones a una joven con la que bailaba sobre el escenario.
Luego en marzo del mismo año volvió a ser figura cuando su tesorera, Argelia Ramírez, fue inhabilitada por 11 años tras ser acusada de peculado, ejercicio indebido de funciones y desvió de recursos entre 2008 y 2011.
Durante la Feria de Santiago de Ixcuintla, en Mayo del 2015, besó a una joven con la que no tenía relación alguna.
En septiembre del año 2016 repartió billetes de 20 y 50 pesos durante una fiesta patronal en Ahuacatlán en recompensa a los que asistieron a saludarlo.
Toda proporción guardada, ese caso refleja la similitud de lo que se califica como la única estafa al erario de un gobierno agonizante que seguramente tendrá otras raterías no conocidas hasta ahora.
No obstante que el presidente afirmó que “los responsables están en la cárcel y no hay impunidad para nadie”, en cuento se destapó la llamada estafa maestra de la 4t, el presidente removió a Ignacio Ovalle como titular de Segalmex y lo designó como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), institución que suele estar al margen de los escándalos y donde actualmente su amigo recibe un ingreso bruto de $156 mil 623 pesos.
Ovalle, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), inició su carrera con el sexenio de Luis Echeverría Álvarez.
En 1975 fue subsecretario de la Secretaría de la Presidencia. El presidente José López Portillo lo nombró director general del Instituto Nacional Indigenista y coordinador general del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados y en 1982, al inicio del gobierno de Miguel de la Madrid fue nombrado embajador de México en Argentina y luego en Cuba.
Posteriormente el presidente Carlos Salinas de Gortari lo designó director general de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), pero fue retirado del cargo debido a la controversia por uno de sus proyectos, que se consideró destinado a la compra de votos. Ovalle también fue diputado federal por la vía plurinominal en la LVI Legislatura de 1994 a 1997.
Hombre con una enorme suerte que siempre se cayó para arriba. Con una enorme estrella ahora está libre de culpa nuevamente con la bendición presidencial.
Prueba de ello es la afirmación hecha por el Jefe del Ejecutivo:
“Creamos esta dependencia y por descuido, mala suerte, se corrompen funcionarios y lo lamenté mucho, claro, están en la cárcel los responsables y no hay impunidad para nadie, yo diría que esa es la mancha que me llevo, aun cuando enfrentamos esa corrupción sin tolerancia de ningún tipo”.
López Obrador dijo que dicho fraude fue un caso aislado y que puede sacar su pañuelo blanco como símbolo de que ya no hay corrupción como en otros sexenios.
La mejor opinión la tiene usted, lector de Entresemana.
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