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MARIO DÍAZ
- Matamoros, Tamaulipas. El diputado federal electo RICARDO MONREAL ÁVILA es claro y contundente al afirmar que a partir del primero de septiembre se iniciará el procedimiento legislativo para reformar el Poder Judicial de la Federación.
Concluidos los foros programados para legitimar tal iniciativa que forma parte del paquete enviado a la Cámara de Diputados el pasado 5 de febrero por el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, así como la discusión y análisis en la Comisión de Puntos Constitucionales en el palacio legislativo de San Lázaro, todo está listo para entregar la ofrenda al creador del Movimiento de Regeneración Nacional.
Obviamente, la reforma al Poder Judicial que destaca la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros mantiene polarizada la opinión pública e, incluso, criterios de los impartidores de justicia pertenecientes a ese Poder constitucional.
La controversia se centra en el fin de la carrera judicial para los togados, al anteponerse la empatía ciudadana a los conocimientos jurídicos necesarios para hacer respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, la polarización se refleja en el hecho de que ministros, magistrados y jueces solo atienden una mínima parte de los casos que involucra al Poder Judicial de la Federación. El porcentaje mayoritario se centra en los poderes judiciales estatales, incluyendo la procuración de justicia.
Sin embargo, la pugna del jefe del Ejecutivo federal con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es lo que realmente ha dado paso a la pretendida reforma judicial y no necesariamente a una reforma integral de procuración e impartición de justicia que, eso sí, es lo justo, urgente y necesario.
Al margen de a quién le asista la razón, lo cierto es que existen casos concretos que ponen en tela de duda la actuación de la justicia federal, bien sea por desconocimiento jurídico o por fallida decisión de los juzgadores.
Por ejemplo, el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito como tribunal de alzada resolvió el 16 de diciembre de 2016 que dejó firme la sentencia absolutoria de 13 de septiembre de 2016 dictada por el Juzgado Primero de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México que absolvió del delito de abuso sexual al periodista capitalino ARTURO ZÁRATE VITE.
“Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes”, reza otra parte del resolutivo del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito.
El Tribunal resolvió que con sustento en el artículo 102 de la legislación procesal aplicable se declara que dicho fallo es irrevocable y que por ende ha causado ejecutoria para los efectos legales que haya lugar. Sin embargo, a principios de año el magistrado JORGE FERMÍN RIVERA, extrañamente, ordenó reabrir el caso.
Ante tal situación, el comunicador solicitó el recurso de revisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que fue admitido por la ministra presidente NORMA PIÑA y turnado a la Primera Sala, estudio y proyecto encomendado al ministro JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, quien con su resolutivo-por no ser tema de controversia constitucional- prácticamente revictimizó a la víctima.
Otro ejemplo que pone en tela de duda la objetividad de los acuerdos internacionales y la función del Poder Judicial de la federación es el caso del empresario ARMANDO PASSAMENT LÓPEZ, quien enfrenta una denuncia por el delito de fraude.
A pesar de la reincidencia del acto (estuvo detenido en ciudad Reynosa por el mismo motivo) defraudó a otra persona en Matamoros por lo cual un juez de control libró una orden de aprehensión en su contra.
Tras ser localizado por agentes de la Policía Investigadora, PASSAMENT LÓPEZ por medio de su abogado DANIEL VARGAS, logró una suspensión provisional que le otorgó un Juez Federal en Materia de Amparo.
Anteriormente, el defraudador acudió a varias audiencias del mecanismo de mediación con la intención de llegar a un acuerdo con su acusador lo que evidencia el reconocimiento de su responsabilidad.
Justo ahí es donde surge la duda acerca de la imparcialidad y objetividad de la protección de la justicia federal, pues todo parece indicar que ese derecho es una herramienta que beneficia al presunto culpable pero que deja en estado de indefensión al acusador.
Mientras tanto, gracias a esos acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y la presunción de inocencia (aunque existen indicios que demuestran lo contrario), el fraudulento individuo goza de su libertad y la víctima enfrentando las consecuencias de la pérdida de su patrimonio familiar.
Ni hablar.
DESDE EL BALCÓN:
I.-Antes de irse a…su rancho, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR muy seguramente verá aterrizado su proyecto de reformas constitucionales y, al mismo tiempo, su venganza en contra del Poder Judicial de la Federación.
Otra vez…ni hablar.
II.-La Asociación Nacional de Periodistas, Locutores y Comunicadores de los Estados Unidos y México (ANPLC USA-México) se solidarizan con la compañera colombiana DIANA VARGAS, quien junto con sus familiares enfrentan la incertidumbre generada por la desaparición forzada de su familiar JOHN FRANK VARGAS, en hechos ocurridos la semana pasada en aquel país. DIANA VARGAS y MARITZA GIRALDO fueron las encargadas de la logística local en los trabajos de la V Cumbre Internacional de Periodismo que se llevó a cabo en Casanare, Colombia, en mayo de 2022, organizada por Compañeros Internacionales de Periodistas y Editores (CONAPE).
Y hasta la próxima.
