ADOLFO RAMOS ESPINOSA
Bajo el escudo de construir sistemas democráticos, incentivar la participación ciudadana o enriquecer el proceso electoral, la formación de nuevos partidos políticos se convierte en una transacción redituable.
Sobra quienes ven en esa oportunidad, un filón de ganancias que no pueden despreciarse.
Las leyes y el concepto jurídico establecen muy claramente que un partido político es de interés público, pero se ha convertido en un negocio redondo para quienes pretenden conseguir poder, posiciones políticas, prebendas y sobre todo dinero.
Apenas pasado un proceso electoral, ya hay quienes se frotan las manos en ver cómo se reorganizan ante la pérdida del registro de las siglas que no alcanzaron el porcentaje de votos que marca la ley.
Hay claros ejemplos de que algunos de ellos se han convertido en usufructo personal, familiar y de amigos que aspiran a manejarlos a su antojo.
No hay como negar que algunos de esos partidos políticos han permanecido al amparo de componendas que los han hecho sobrevivir a lo largo de varias décadas y que les permiten tener senadores, diputados, presidentes municipales y muchos otros cargos en la administración pública.
La fórmula para conseguirlo no es nada complicada porque están convertidos en apéndices de otras fuerzas políticas que muestran supremacía y poderío, navegan como lapas enquistadas en el gozo de privilegios.
En el más reciente proceso electoral la ciudadanía tuvo la oportunidad de sacudirse a una terna de rémoras que evidenciaron su realidad y no pudieron conservar el registro.
Notoriamente está el caso del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que en el nivel nacional perdió el registro y dejó de ser explotado por quienes se adueñaron de sus finanzas y los privilegios que derivan del control absoluto.
Simplemente dejarán de percibir las prerrogativas y beneficios que se derivan del otorgamiento de candidaturas que en algunas ocasiones son entregadas al mejor postor.
En el año 2020 los partidos Encuentro Solidario (PES), Fuerza por México (FxM) y Redes Sociales Progresistas (RSP) acudieron a los tribunales para obtener su registro.
Lograron constituirse formalmente para competir en esas elecciones federales intermedias, pero no consiguieron superar el porcentaje en las urnas y por ello pasaron a mejor vida.
Ahora ya están los grupos que pretenden reagruparse para buscar nuevos logotipos que les permitan seguir disfrutando de los beneficios que la ciudanía, inocentemente, les garantiza.
No puedo ignorarse o perderse de vista que los recursos derivados de la bolsa general de financiamiento son públicos. Que provienen de los fondos que la Federación capta vía impuestos.
El multipartidismo que predomina en México permite que mediante alianzas, negociaciones practicadas en lo oscurito y al margen de que sus documentos básicos sean compatibles, sigan aferrados a explotar los beneficios con que han vivido durante décadas.
Pero al final está en las autoridades y las personas que viven engañadas, quienes sabrán si otorgan el beneficio de vida a quienes buscan regresar a la ubre oficial, si conceden la oportunidad de esas nuevas expresiones que se amparan en la democracia que no practican.
ARCHIVERO
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