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GREGORIO ORTEGA MOLINA
*Alguien tiene que pagar, de manera legal y definitiva. La manera de cobrar es acudir a la casilla electoral correspondiente y sufragar en contra de aquellos que se han mostrado incapaces de garantizar nuestras libertades e integridad física, como lo señala la Constitución
Ningún daño es comparable al que dejan las consecuencias de la corrupción moral. Llevarse el dinero del erario, el cobro de comisiones o la vulgar mordida, sólo es juego de niños. Lo otro, las acciones de personas como Ernestina Godoy y Alejandro Gertz Manero son las que deforman el ser del mexicano.
Ni siquiera es porque actúen con dolo y se pongan al servicio de los peores intereses. Así se comportan, de esa manera creen servir a la ley, la Constitución y a los gobernados, porque desde la adolescencia se deformaron de tal manera, que confunden servicio con abyección. Son abyectos porque no pueden comportarse de otra manera para servir a los intereses políticos de sus patrones.
Los mencionados anteriormente no son los únicos. La militarización en ambos campos de la administración pública determinó un cambio sustancial en los mudos entendimientos establecidos entre delincuencia organizada y gobierno. Baste con leer dos informativas investigaciones periodísticas con calidad literaria. San Fernando, última parada. Viaje al crimen autorizado en Tamaulipas, de Marcela Turati, y La historia secreta. AMLO y el Cártel de Sinaloa, de Anabel Hernández, que algo tiene porque sacó de sus casillas a Manuel Andrés López Obrador.
“Soldados, policías municipales, empleados de las funerarias, y detenidos como supuestos zetas realizaron las exhumaciones. En voz baja algunas personas mencionaron la participación de marinos. Hasta la fecha no queda claro si hubo empleados del Semefo tamaulipeco. Entre esa revoltura de gente, y al ser destapadas las fosas, comenzaron a surgir secretos enterrados… como el rol que tuvieron empleados municipales en la apertura de los entierros ilícitos, los sádicos métodos de matar de las zetas o que algunos cuerpos podían ser falsos positivos, o sea, ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado”, deja anotado la señora Turati en su libro.
Al paso del tiempo y con el deseo de muchos familiares de conocer del paradero de hijas o hijos o maridos, con azoro constatamos que lo ocurrido en Tamaulipas se replicó como método de control en otras entidades federativas, y con dolor hemos descubierto que nadie, sí, absolutamente nadie asume la responsabilidad de lo que ahora sucede en nuestra patria. El agravio es mayúsculo.
Alguien tiene que pagar, de manera legal y definitiva. La manera de cobrar es acudir a la casilla electoral correspondiente y sufragar en contra de aquellos que se han mostrado incapaces de garantizar nuestras libertades e integridad física, como lo señala la Constitución.
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