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CARLOS RAMOS PADILLA
Estamos transitando un terreno minado. Al cierre de sexenio ya no si lo la etiqueta de corrupto define a la administración federal, ahora se suma las sospechas de vínculos con el crimen organizado. Anabel Hernández en la agencia Deutsche Welle ha revelado una investigación confidencial llevada a cabo por la DEA entre 2010 y 2011 cuya conclusión es que la campaña de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, fue financiada por el cartel de Joaquín “el chapo” Guzmán en el 2006. A esto en la mañanera el presidente entrelíneas aceptó la información, pero encaró: no hay pruebas. A diferencia de horas enviaron desde Estados Unidos un documento probatorio de lo antes informado: si existen testimonios e investigaciones de que el narcotráfico financió a Morena para el arribo de amlo a la presidencia. Luego se filtró que Obama, asunto que debe explicar, detuvo las averiguaciones que involucraban al gobierno mexicano con los criminales. Viene luego una supuesta llamada telefónica entre amlo y “la Barbie”. Hoy se sabe que para este tema Biden tomó contacto telefónico con amlo lo que infiere que las cosas están muy, pero muy delicadas. El presidente Biden sostuvo una llamada con el amlo, dos días después de que el Mandatario mexicano solicitara una disculpa, al revelarse que la DEA habría investigado la presunta inyección de dinero del narco en su campaña presidencial de 2006 Estados Unidos está firme en perseguir a los cárteles mexicanos y frenar el ingreso de fentalino a su territorio. Aquí amlo se entretiene en viajar y entregar obras en Baridaguato. La propuesta de llamar a nuestro mandatario como narcopresidente es creciente. Incluso Xóchitl Gálvez ya le pidió al tabasqueño hacer respetar la investidura. Es evidente que la guerra sucia y los golpes mediáticos se reforzarán a la cercanía de las elecciones. Pero ante los arrebatos de amlo de que “no hay pruebas” está jugando verdaderamente con fuego. Recordemos que incluso que la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, fue expulsada de Morena por aceptar, declarar y denunciar los nexos del crimen organizado con miembros del gobierno de Colima y con Claudia Sheinbaum. Y no se trata solamente del daño electoral a Morena por estas cuestiones dado que la población no puede votar por políticos impuestos por sicarios que han asesinado a sus hijos y extorsionando a sus familias. Esto va más allá, es de fondo y está relacionado. No el tráfico de personas, de armas, de droga. Tiene que ver con las remesas y el lavado de dinero. Está atado al mantenimiento del poder y de la estabilidad nacional. En Colombia se vivió esta experiencia con Pablo Escobar y se negaron a aceptar que en el mundo a todo colombiano se le confundirá con narcotraficantes. Eso pasó en El Salvador en donde su presidente frenó de tajo las atrocidades de delincuentes y los marasavatruchas. Pero aquí en México, toda vez, se intensifica la idea de que el crimen organizado intervendrá en las elecciones de junio a favor de Morena y que la 4aT sí logró una transformación: convertir a México en narcoestado.
