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>> Diputados locales destituyeron al fiscal anticorrupción
>> Magistrados ordenan la restitución del funcionario cabecista
>> “Campo minado” de Cabeza de Vaca obstaculiza al régimen americanista
MARIO DÍAZ
H. Matamoros, Tamaulipas. Bien sea por divergencia interpretativa de la ley o bien por tozudez y abuso del poder, lo cierto es que actualmente están enfrentados el Poder Legislativo de Tamaulipas y el Segundo Tribunal Unitario Colegiado, con sede en ciudad Reynosa.
En efecto, la destitución y reinstalación del fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA, ha colocado en posturas opuestas a diputados locales y magistrados como consecuencia del resolutivo del Congreso Local y la suspensión definitiva ordenada por el Tribunal Unitario.
El 22 de septiembre, por decisión mayoritaria, la legislatura tamaulipeca separó de su cargo como fiscal Anticorrupción a RAMÍREZ CASTAÑEDA por no haber aprobado los exámenes de control y confianza del gobierno federal y, además, por la presunción de entorpecer las investigaciones en contra de ex funcionarios del anterior sexenio.
Sin embargo, el martes 17 de octubre, el Segundo Tribunal Unitario Colegiado resolvió que se revise en un juicio constitucional la forma en que se le separó de su función y se determine si se violaron o no sus derechos y ordenó que se le restituya en el cargo de titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Un día después, el miércoles 18 del mes en curso, un Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio giró una orden de aprehensión en contra de RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA, haciendo caso omiso al resolutivo de los magistrados del Segundo Tribunal Unitario Colegiado.
Aunque no se establecen los delitos, la orden de aprehensión fue solicitada por el Agente del Ministerio Público del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y remitida al Comisario General de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.
El oficio de arresto precisa que “en inteligencia de que, al momento de ser ejecutada la presente orden de aprehensión, deberá entregarse copia de la misma al imputado, debiendo respetarse y garantizarse sus derechos constitucionales y legales”.
En contraparte, al considerar que es fundado el recurso de queja resolvieron que “se concede la suspensión provisional con efectos restitutivos al quejoso Raúl Ramírez Castañeda, para que, en forma inmediata, se le restituya en el cargo de titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para el que fue electo por el Congreso del Estado de Tamaulipas”.
Subraya que deberá continuar durante el resto del período para el que fue electo, “siempre y cuando no existe resolución definitiva de juicio político, que determine la separación de su cargo”.
Es decir, por un lado, el Congreso Local destituye al fiscal RAMÍREZ CASTAÑEDA y nombra como “encargado de despacho a JOSÉ EDUARDO GOVEA OROZCO y, por el otro, el Segundo Tribunal Unitario Colegiado ordena su restitución, lo que, obviamente, tendrá sus repercusiones legales. Por lo pronto, diputados y magistrados han entrado en conflicto.
Vale la precisar que, al margen de los argumentos de la mayoría simple del Congreso de Tamaulipas para destituir al fiscal anticorrupción, lo cierto es que una decisión de esa naturaleza debe ser aprobada por al menos dos tercios de los legisladores; es decir, con mayoría calificada.
Por ese decreto constitucional de la legislatura local es que el gobierno estatal morenista no ha podido destituir al Fiscal General de Justicia, IRVING BARRIOS MOJICA, quien, al igual que RAMÍREZ CASTAÑEDA, son herencia del régimen de los “vientos del cambio” al cuatroteísmo tamaulipeco.
Cuestión de recordar que el ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA eludió la acción de la justicia federal precisamente por la inmunidad procesal avalada por mayoría calificada del Congreso Local.
No resulta temerario ni aventurado afirmar que el equipo jurídico del sexenio cabecista es muy superior al que integran los abogados de la administración estatal americanista.
Desde otra perspectiva, el “campo minado” que dejó el gobierno de GARCÍA CABEZA DE VACA sigue ocasionando serios problemas legales al régimen sexenal que encabeza el doctor AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.
Ni hablar.
DESDE EL BALCÓN:
I.-Vaya lío en que se han metido los diputados morenistas y aliados con el tema relacionado a la destitución del fiscal anticorrupción RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA.
Los magistrados del Tribunal Unitario Colegiado podrían llamar a cuentas a los legisladores y proceder en contra del “encargado de despacho”, JOSÉ EDUARDO GOVEA OROZCO.
Veremos de qué “cuero salen más correas”.
Y hasta la próxima.
