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ADRIANA DELGADO RUIZ/ @AdriDelgadoRuiz (El Heraldo de México).
El grupo parlamentario del partido gobernante encabezados por Ignacio Mier y Alejandro Armenta le fallaron al presidente. En la premura por sacar adelante sus iniciativas de reforma pasando por alto a la oposición, violaron el proceso legislativo y transgredieron el principio democrático, de acuerdo con la resolución de la Suprema Corte en la primera controversia constitucional al respecto. Ni diputados ni senadores tomaron responsabilidad por ese desaseo.
No pudimos saber si el contenido era constitucional o no. El llamado plan B electoral no pasó siquiera la prueba de la forma, lo que desató el acalorado debate entre los poderes de la Unión, pasando incluso por el capítulo del litigio mediante mensajes de texto entre la presidenta de la SCJN, Norma Piña, y el presidente del Senado, Alejandro Armenta, en un tono llevado a la rencilla personal. Así quedó sobre la mesa la idea de reformar el Poder Judicial.
Queda claro que una reforma de fondo sí es necesaria, pero no debe ser motivada por intereses políticos, partidarios o de poder, sino a la luz de una Constitución que es de todos los mexicanos. ¿En qué debe centrarse entonces?
El primer punto fundamental es un verdadero acceso a la justicia. Que no haya casos como el de Karla Castro, ingeniera mecatrónica que lleva cinco años en espera de un proceso que le haga justicia a causa de una empresa como Ternium, que gasta más en evadir el pago de seguridad social y en maniobras legaloides que en invertir en la seguridad industrial básica para la operación de sus plantas.
Jueces que retrasan procesos, mujeres revictimizadas por falta de perspectiva de género. Encontrar los mecanismos para que una reforma profunda en la ley, se vuelva realidad en la calidad de los procesos, las resoluciones y mejores mecanismos de conciliación.
Eso nos lleva a otro punto esencial: hacer un Poder Judicial eficiente y eficaz. El 40 por ciento de los presos no tienen sentencia, casos de hasta 17 años en prisión preventiva, y en contraposición, miles de víctimas viven con la zozobra de que sus victimarios queden impunes.
El debate real no son los salarios de ministros y magistrados cuando se supone que son personas con alta especialización, amplia experiencia y prestigio indiscutible. Un académico de alto nivel o un jurista de gran trayectoria no suelen estar cerca de los reflectores de la participación política y electoral, lo que de hecho es sano porque la independencia de los juzgadores es básica para que su desempeño permanezca apartado de la politización, requisito indispensable para la imparcialidad.
¿Qué sentido tiene la propuesta del diputado Ignacio Mier, de someter a consulta popular si los ministros de la SCJN deben ser electos por voto ciudadano? El Artículo 35 de la Carta Magna establece claramente que los temas de materia electoral no pueden someterse a ese mecanismo, por lo que la propia Corte tendría que declararlo inconstitucional, circunstancia que arreciaría aún más el golpeteo político. ¿Sería ese el objetivo?
Los temas jurídicos son un talón de Aquiles para el equipo cercano al presidente. La Suprema Corte de Justicia también determinó la invalidez total del acuerdo que clasificaba como de seguridad nacional e interés público las obras prioritarias del gobierno federal, “por transgredir el derecho de acceso a la información, así como las facultades del INAI para su salvaguarda”.
Este asunto no pasó por el Poder Legislativo, sino fue una decisión administrativa del Ejecutivo. ¿Cuál fue la respuesta tras la resolución de la Corte? Emitir un nuevo decreto que también podría ser impugnado.
El gran problema es que, además de develar una operación técnica desaseada, esos episodios atizan más la confrontación con la SCJN, lo que no es nada bueno para el país.
