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ARTURO ZÁRATE VITE. El tema no es cómo se elige a jueces y magistrados, ahí no está el problema. Pueden ser elegidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el poder legislativo o por el voto de la sociedad. Al final daría lo mismo, porque la forma en que fueran elegidos no es lo que garantizaría su imparcialidad.
Ricardo Monreal quiere que no sea la misma persona la que ocupe la presidencia de la Corte y la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, con el argumento de que la impartición de justicia no debe estar ligada a lo administrativo donde se maneja lo presupuestario.
Por sus efectos, porque le pegan a la gente, hay dos puntos que también deben considerarse: el papel de juez y parte de la Judicatura que explican magros resultados de la vigilancia sobre resoluciones de juzgadores y el hecho indiscutible de que humanamente es imposible que quien presida la Corte pueda cumplir al cien en la presidencia de la judicatura. Son tantos los casos que no puede revisar como quisiera todos los documentos que le dan a firmar.
Senadores y diputados, antes de legislar, deberían ocuparse más en investigar lo que sucede en el poder judicial y tomar nota de lo que de verdad hace falta para que prevalezca la justicia en nuestro país.
Meterse más en los recovecos de la impartición de justicia, escuchar a gente que sufre abusos, a los abogados, investigadores, académicos y a los juzgadores que se empeñan en la actuación imparcial.
Buscar la forma de que la judicatura deje de ser juez y parte, para que las fallas se corrijan.
Hay quienes no les gusta que el presidente Andrés Manuel Andrés Obrador utilice conferencias mañaneras para quejarse y exhibir flaquezas del poder judicial. Muchos y muchas litigantes prefieren ponerse una venda en los ojos y callar para no ganarse la animadversión de juzgadores. Existen medios que son extremadamente cautos en estos asuntos.
López Obrador solo dice lo que todo mundo sabe ante una mayoría que prefiere guardar silencio, por precaución o miedo.
En 2015 el juez Francisco Migoni Goslinga, director general de la presidencia de la Judicatura, las tres veces que fue consultado sobre el artículo 19 de la Constitución federal, sostuvo que nada podía justificar su incumplimiento. “No existe ninguna excusa para que no se cumpla”, repetía. Estaba en lo correcto, la obligación del juzgador a resolver la situación jurídica del detenido en las 72 horas que establece dicho precepto.
Eduardo Torres Carrillo, entonces juez del Juzgado Primero de Procesos Penales, violó el artículo, como lo describe la Recomendación 27/2013 de la CNDH. Hubo queja en la Judicatura y, en vez de ser sancionado, fue ascendido a magistrado y enviado a Tamaulipas.
Cuando el juez Migoni se enteró, lamentó que no lo hubieran alertado con oportunidad de esta situación. El afectado le explicó que prefirió reservarse porque el oficio que justificaba la actuación del juez estaba firmado por el ministro Luis María Aguilar quien presidía la Corte y la Judicatura. Al escuchar eso, Migoni ajustó su opinión y avaló lo firmado por su jefe.
Puntos neurálgicos que a veces no ven autoridades del poder judicial y son desconocidos para legisladores.
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