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ENRIQUETA BURELO MELGAR (SemMéxico, Chiapas). Si entras a la página del Ayuntamiento Municipal de Aldama, te encuentras con una visión bucólica de este pequeño municipio: “en el que la sociedad convive armónicamente en un ambiente de respeto, con equilibrio social, acceso igualitario a las oportunidades laborales y educativas, con base en un desarrollo productivo sustentable, con un gobierno con calidad humana que trabaja eficientemente, contribuyendo en el desarrollo del municipio y respetando los usos y costumbres”.
Sin embargo, hasta hace poco, los balazos era la melodía cotidiana entre las poblaciones de Chenalhó y Aldama por la disputa de 60 hectáreas, un problema ancestral, que ha provocado desplazamientos forzados, así como personas heridas y fallecidas, el problema ha provocado la presencia del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, para firmar el Acuerdo definitivo que resuelve el problema agrario para los municipios de Aldama y Chenalhó, Chiapas, y el cual atiende y repara a las víctimas que por más de cuatro décadas vivieron en tensión por este tema.
Por otra parte, a partir de su vida como municipio durante el gobierno de Roberto Albores Guillen, el municipio había sido priista, hoy es verde, estos cambios partidistas también trastocan los frágiles equilibrios de los grupos, que todavía no han transitado por la necesidad de una alternancia y el respeto a los resultados en las urnas.
Hoy nos enfrentamos a otra forma de violencia que ha sido una constante en los últimos años en las poblaciones de los Altos de Chiapas, la violencia política contra las mujeres por razones de género, presentes en Oxchuc, Chenalhó, Amatenango del Valle, Pantelhó. La presidenta municipal constitucional de Aldama, Angélica Díaz Méndez ha sido obligada a renunciar, por un grupo de personas que la han amenazado de abusos sexuales y de quemarla. En una carta dirigida al presidente Andrés López Obrador, al gobernador Rutilio Escandón, y diversas autoridades, les explica la situación que priva en el municipio y señala al autonombrado presidente por usos y costumbres, Gilberto López Lunez, actual sindico como uno de los cabecillas del movimiento. Es importante señalar que el 2º regidor es el esposo de la presidenta, un tema al cual no se le ha encontrado solución a través de las leyes de impedir que esposos o parientes consanguíneos ocupen cargos dentro del cabildo.
Al reunirnos con la presidenta municipal de Aldama, en una reunión de última hora, me gustó su firmeza y que tiene muy claro que ella recurrirá a las instancias necesarias para defender sus derechos políticos y presentar su denuncia de violencia política por razones de género ante la Fiscalía de los Derechos de las Mujeres.
Desafortunadamente, situaciones como esta se seguirán repitiendo en Chiapas, por diversas razones, los pueblos indígenas parten de cosmovisiones particulares, y se privilegian determinados valores, el sistema cívico religioso que las rige, por lo tanto, para que las mujeres indígenas puedan tener mayor participación, debemos tomar en cuenta, por ejemplo, que muchas veces no está bien visto que participen en asuntos públicos. Y, por otro lado, el rol y trabajo que desempeñan en su comunidad ya es valorado, reconocido y forma parte de su identidad. Dada esta diversidad de contextos, el papel que le toca jugar a los tribunales, es todo un reto ya que, por un lado, debemos reconocer las diferencias intrínsecas al tratarse de controversias sobre comunidades indígenas, y por el otro, empoderar a las mujeres que quieran participar en la vida pública, y facilitar las vías para que lo logren, sin que ello implique trastocar su identidad y cosmovisión.
