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TERESA MOLLÁ CASTELLS (SemMéxico, España). Después del parón por las fiestas navideñas nos encontramos con el regalito envenenado que el vicepresidente del gobierno de Castilla y León ha propuesto hacer a las mujeres embarazadas de su comunidad: poner más trabas a su decisión libre de interrumpir su embarazo.
Y es que la derecha, cuando se trata de la libertad sexual y reproductiva de las mujeres, de inmediato se pone de los nervios y a intentar por todos los medios anteponer la moral impuesta por sus creencias religiosas, a la plena libertad de las mujeres sobre sus cuerpos, su placer y su deseo o no de ser madres.
Sin embargo, dentro de esa misma moral no entran restricciones a la libertad sexual y reproductiva de los hombres ya que en ningún momento se condenan sus “visitas” a violar mujeres prostituidas, por ejemplo. O mantienen un silencio cómplice con cada asesinato de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Muy “coherente” todo con los hombres.
Pero con las mujeres la cosa cambia. Y ocurre esto y así, porque en el fondo, la derecha y la ultraderecha, a las mujeres nos consideran a las mujeres seres al servicio exclusivo de los deseos de los hombres y sin capacidad para decidir sobre nuestras propias vidas, sobre nuestros propios cuerpos y, por extensión, sobre nuestro placer propio.
Si a esta concepción patrimonial de la posesión de las mujeres, le añadimos la necesidad perentoria de control de su descendencia a través de las gestaciones que ellos siguen sin poder realizar, nos encontraremos con situaciones muy “delicadas” para sus intereses.
Y situaciones “delicadas” como consecuencia de la imposibilidad de gestar de los hombres pueden ser, como ya se hace, la compraventa de criaturas por vientres de alquiler de mujeres vulnerables económicamente, y ante lo cual, también existe un silencio cómplice por parte de las instituciones religiosas. Curioso.
O quizás no tan curioso, si tenemos en cuenta cómo algunas congregaciones religiosas que dirigían algunos hospitales robaron criaturas, durante décadas de mujeres tanto solas, como con familias para entregarlas a gentes de posiciones elevadas a cambio de dinero. O, dicho de otro modo, ya ejercieron esta compraventa de criaturas hasta no hace demasiados años con la complicidad de estas instituciones religiosas que se espantan ante la posibilidad de una interrupción voluntaria del embarazo, pero que no tienen escrúpulos a la hora de comerciar con criaturas arrancada de sus madres para ser vendidas.
Y claro, el vicepresidente del gobierno de Castilla y León, al parecer es creyente y, también al parecer, cree que su poder le debe de haber venido dado por la divinidad en la que cree. Se olvida que estamos en pleno siglo XXI y que, dejando aparte el hecho de que las mujeres también votamos, tenemos capacidad plena de decisión sobre nuestros cuerpos y no necesitamos pedir permiso ni para ser madres, ni para dejar de serlo si es lo que deseamos.
Si lo que necesitaba era hacerse visible, aparte de por su poca o nula actividad, se ha sacado de la manga una machirulada y se ha quedado más ancho que largo. Porque esa es su esencia, la del “porque yo lo ordeno”. Se ha olvidado del poder del feminismo.
Desde aquí me voy a permitir recordarle lo que le ocurrió a un ministro del PP que intentó recortar este derecho de las mujeres: que el feminismo montó una de las mayores movilizaciones de la historia reciente, llamada “El tren de la libertad” y quedó obligado a dimitir. Y su reforma quedó en el cajón del olvido. Porque las mujeres salimos a la calle, para recodarle que nuestros derechos no se tocan. Se lo recuerdo, porque como es joven y excesivamente altivo, igual no se acuerda.
Las feministas radicales no vamos a permitir que, en aras a su credo o su doctrina o, lo que es peor, en aras a “políticas de fomento de la natalidad” como justificó esta presunta medida el presidente de esa Comunidad Autónoma, los derechos de las mujeres y sus libertades sean, de nuevo, pisoteados.
Sus políticas para fomentar la natalidad deberían pasar por fomentar servicios públicos de calidad para ayudar a las madres, sobre todo a las monoparentales, pero en general a todas las familias a poder conciliar sus vidas laborales, familiares y personales. Insisto: fomentar servicios públicos y de calidad y no desmantelarlos que es lo que mejor sabe hacer la derecha y la ultraderecha. Eso sí, a cambio de la dedicación y el esfuerzo de las mujeres de las familias.
Ahora han sido las mujeres de Castilla y León, pero en feminismo tenemos una consigna y es que, si nos tocan a una, nos tocan a todas. Así que señor García-Gallardo, lleve cuidado, si no quiere acabar como el señor Ruíz Gallardón. ¡Avisado queda!
