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DULCE MARÍA SAURI RIANCHO (SemMéxico, Mérida, Yucatán). El presidente Andrés Manuel López Obrador no pudo matar al INE, pero está decidido a no dejarlo vivir.
Reformar la Constitución a la medida de sus deseos hubiese significado la destrucción de las instituciones electorales configuradas desde 1990.
La derrota de su iniciativa en la Cámara de Diputados y -por qué no decirlo- en las calles y plazas de México no menguó su ánimo demoledor, esto es, su empeño por “deshacer”, “derribar”, “arruinar” todo aquello que se oponga a su determinación de concentrar el poder político en su persona.
De manera simultánea a la discusión que habría de culminar con un resultado desfavorable a sus intereses, el Presidente de la República envió un “paquete” de reformas a cinco leyes que norman el proceso electoral en su conjunto, y una nueva ley, la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral.
En pleno debate constitucional, llegó la iniciativa a la Cámara de Diputados, y como marca el procedimiento parlamentario, fue turnada a comisiones para su discusión y dictamen. Era un documento de casi 400 hojas, imposible de leer en unas horas, menos aun de elaborar un dictamen con un atisbo de seriedad. Pese a lo anterior, la implacable mayoría tenía que obedecer la instrucción presidencial de no concluir la sesión con las manos vacías.
Pero, ojo, los hasta entonces aliados incondicionales (Partido Verde, PVEM, y Partido del Trabajo, PT) alzaron su voz para manifestar su inconformidad con algunas reformas que afectaban sus intereses económicos al reducir las prerrogativas y no resolvían su permanente zozobra de no alcanzar el 3 por ciento de la votación en una elección, lo que los expulsaría del “paraíso” político, como le sucedió recientemente a Encuentro Social.
Vale recordar que por sí mismo, Morena solo cuenta con 203 diputado/as, así que le faltan, cuando menos, 48. Y eso lo saben sus aliados del Verde y del PT, que saben negociar muy bien con el partido en el gobierno (si no lo creen, pregúntenle al PRI).
La noche del martes 6, la presión sobre el coordinador de los diputados de Morena debe haber sido intensa. Por un lado, la exigencia del secretario de Gobernación para cumplirle al Presidente, entregando esa misma madrugada la reforma reclamada. Por otro, el PT y el Verde, con sus votos y prebendas.
La solución fue de antología, aun en un medio en que poco puede sorprender. Después de un extraño receso, “apareció” una nueva iniciativa suscrita por legisladores/as de Morena. Era “clonada” de la del Ejecutivo, pero con dos adiciones que satisfacían los reclamos del Verde y del PT y garantizaban votos suficientes para aprobarla. Jugaron a que esos cambios, que parecían imperceptibles dentro del alud de modificaciones propuestas, se iban a votar y a pasar al Senado sin mayores repercusiones.
Uno, era el restablecimiento de la denominada “cláusula de vida eterna”, que significa no correr el riesgo de no alcanzar el mínimo de votos para conservar el registro, que había sido eliminada en la reforma de 2014.
La otra modificación se refería a los dineros, de tal manera que, habiendo ahorros, los partidos podrían conservarlos sin necesidad de reintegrarlos a la Tesorería de la Federación.
Cuadrados los números de la mayoría oficialista, tenían entonces que realizar un acto de malabarismo parlamentario: una iniciativa, la del presidente López Obrador, se quedó en las comisiones; la otra, la de los acuerdos y negociaciones políticas entre Morena, Verde y PT, pasó derechito al pleno.
Violando toda normatividad, con dispensa de trámites se puso a discusión y fue votada de inmediato. No sé si el presidente López Obrador quiera ponerle un nuevo sobrenombre a su secretario de Gobernación cuando mencionó que “fueron los duendes” los que introdujeron los párrafos del dinero y de la “vida eterna”. ¡Quién sino Adán Augusto López para “dictar” los acuerdos alcanzados y garantizar su cumplimiento! Y así se fue al Senado, cámara revisora.
Mucho se ha mencionado en estos días sobre los vicios de inconstitucionalidad en que incurrió el proceso de reforma a las instituciones electorales.
Sé que esas “minucias” no perturban el ánimo presidencial ni detuvieron a la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados. Otros aires parecen soplar en el Senado. En primer término, se recibió la minuta y turnó a comisiones -primer punto a su favor- y parece que pondrán a discusión un dictamen con numerosas modificaciones, lo que obligará a regresarlo a la colegisladora.
Desde el punto de vista del procedimiento legislativo, existe el poderoso antecedente de leyes y de reformas que han sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por violaciones al Reglamento de cualquiera de las dos cámaras. Tal fue el caso de la muy publicitada en su momento, Ley de Seguridad Interior. Las y los ministros ni siquiera tuvieron que debatir si debía haber fuerzas armadas permanentes en funciones de seguridad pública. Las fallas en el procedimiento legislativo fueron suficientes para anularla.
En la reforma electoral del presidente López Obrador hay un vicio de origen que no podrá ser subsanado ni en el Senado ni en la propia Cámara de Diputados. Creo que lo saben bien quienes fraguaron el “paquete” de reformas que lleva la firma del presidente López Obrador, pero ellos apuestan a los tiempos de la SCJN, a sus posibles ambigüedades y titubeos cuando se ha tratado de enfrentar al presidente López Obrador.
Entrando en vigor, piensan, el INE tendrá que despedir a un número elevado de sus funcionarios/as y personal de carrera, base para su cabal operación. Se cerrarán módulos para tramitar la credencial con fotografía, con el consiguiente descontento ciudadano/a, entre otros efectos inmediatos.
Al INE le quieren quebrar las piernas y fracturar los brazos (su servicio profesional electoral); lo quieren someter a la inanición administrativa para después clamar: ¡No sirve! Un INE debilitado, sin recursos suficientes y con su autoridad moral mellada por el continuo golpeteo desde Palacio Nacional, ayudaría a López Obrador a controlar las elecciones de 2024 y, desde luego, a garantizar el triunfo de su sucesor/a en la Presidencia de la república.
Vienen semanas aciagas. Espero se interponga la acción de inconstitucionalidad por parte de las y los legisladores de las oposiciones y de las dirigencias de sus partidos políticos. Y de la ministra o ministro que la reciba, que sin ambages declare la suspensión de la aplicación de la norma mientras se dicta la resolución definitiva.
Y como se vale soñar, puede ser rechazada y enviada al “limbo” legislativo. Sería buen regalo de Navidad para la democracia.
*Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Ex gobernadora de Yucatán
