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DULCE MARÍA SAURI RIANCHO* (SemMéxico, Mérida, Yucatán). Otra vez regresa la amenaza de la reforma electoral.
Engolosinados con su “exitosa” estrategia para prolongar la participación del Ejército y la Marina en funciones de policías, la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados ha resucitado a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia político-electoral.
Como no puede ir sola, han anunciado la dictaminación de otras 49 iniciativas presentadas en algún momento de esta legislatura o de la anterior, que irán como “fauna de acompañamiento” de la “buena”, que es la presidencial.
Partamos de una realidad: las reformas político-electorales que aspiran a introducir cambios de fondo se realizan al inicio de un sexenio, en un ambiente político favorable a la construcción de acuerdos. Faltan poco más de 23 meses para que acabe el gobierno obradorista; hay un clima de polarización y enfrentamiento entre la mayoría oficialista y las oposiciones como no se había vivido en momento anterior alguno. En términos llanos: no hay condición política para realizar reformas constitucionales de gran calado en materia electoral. Así de claro. Pero, ¿cuándo la prudencia y la serenidad han guiado al presidente López Obrador? Y menos en esta materia.
¿En qué consiste su propuesta en materia electoral? Veamos la parte formal, la expresada en la iniciativa de reforma constitucional.
Las baterías presidenciales se concentran en dos cuestiones: una, el Sistema Electoral y dos, las Instituciones Electorales. Hay otros temas, como el Sistema de Partidos: financiamiento, medios de comunicación, elecciones internas, fiscalización; y otro conjunto de propuestas de diversas procedencias partidistas en materia de Inclusión y Diversidad Electoral, pero todos ellos tienen un peso menor, por no decir nulo, en el interés presidencial.
Hagamos memoria sobre lo que verdaderamente importa al presidente López Obrador: destruir al INE autónomo e independiente. Su argumento principal es que los integrantes de su Consejo General, empezando por su presidente, están al servicio de la oposición y de sus adversarios de toda índole a su gobierno.
Es tamaña mentira dicha sin rubor alguno que las y los consejeros del INE son agentes de los partidos políticos que los pusieron ahí para servir a sus intereses.
Como en otros asuntos, el presidente AMLO se quedó anclado en el pasado de “cuotas” partidistas. Ya no es así, al menos desde 2014 cuando se dio un gran avance hacia la elección objetiva e imparcial de las y los integrantes del Consejo General del INE.
Consiste en el establecimiento de un mecanismo en la Constitución (art. 41) para postular a las y los mejores candidatos para integrar las quintetas (5) de propuestas. Hubo una experiencia concreta en 2020, cuando en medio de la polarización y la mayoría apabullante de Morena, se pudo construir un proceso apegado a la Constitución, que garantizó decisiones objetivas por parte de la Cámara de Diputados en la LXIV Legislatura.
Proceso
¿Cómo se hizo el “milagro”? Primero, se conformó el “comité técnico de evaluación” conformado por “siete personas de reconocido prestigio”: tres propuestas por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados; dos, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y dos, por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). Con sus bemoles, pues la CNDH propuso al polémico John Ackerman, el Comité trabajó hasta conformar las cuatro quintetas (dos de hombres, dos de mujeres) después de haber revisado expedientes, entrevistado y calificado ensayos de varios cientos de aspirantes.
El saldo fue que cualquiera de las cinco personas estaba capacitada para ejercer la función con apego a los principios constitucionales en materia electoral. Había, sin duda, preferencias y simpatías por unas u otros, como se vio reflejado en la negociación entre los grupos parlamentarios. Pero las dos mujeres y los dos hombres que obtuvieron la votación de dos tercios y son actuales consejeros, están a la altura de las expectativas de la sociedad sobre su máximo órgano electoral.
Objetivo
Este procedimiento objetivo e imparcial es el que quiere barrer el presidente AMLO para sustituirlo con una elección con candidatas y candidatos, en la que voten todos los ciudadanos/as. Tamaño despropósito garantizaría que la mayoría, en este momento Morena, controle al órgano electoral. Adiós esfuerzos de años para crear un sistema imparcial y creíble, que califique las elecciones y resuelva los conflictos.
Es cierto que el sistema no está a prueba de traiciones a la ciudadanía, sobre todo en un clima tan enrarecido como el que posiblemente habrá en marzo-abril del año próximo cuando se elegirá a los cuatro consejeros que sustituirán a quienes concluyen su periodo, incluyendo al consejero presidente Lorenzo Córdova.
Un escenario de traición sería que, a pesar de la letra constitucional, la mayoría oficialista puede capturar al comité de evaluación, por el simple camino de imponer a tres personas incondicionales a Morena en la propuesta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).
La misma imposición sería previsible en el caso de las dos de CNDH
Con cinco incondicionales de siete, podrían garantizar la confección de quintetas enfermas de servilismo al presidente López Obrador. Llegarían al pleno y si el PRI cede, tendrían mayoría calificada para imponer a sus leales; si no, se aplicaría por primera vez el mecanismo de la insaculación en la Suprema Corte de Justicia (SCJN) que la Constitución prevé. Pero si todos adolecen de servilismo, daría lo mismo su nombre. Contra actitudes y complicidades de este tipo no hay remedio constitucional que valga, sólo la presión y la denuncia ciudadanas. Y la negativa de los grupos parlamentarios opositores a ser cómplices del desmantelamiento democrático de México. No exagero, sólo preveo un escenario altamente conflictivo, aunque menos riesgoso que la elección popular del consejo electoral.
Paquete
Aparte de la reforma constitucional, también hay un total de 54 iniciativas de reformas legales, que van desde la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales (LEGIPE), de Partidos Políticos, de Medios de Impugnación, etc. Recordemos que para que proceda una reforma constitucional se requiere que voten a su favor cuando menos dos terceras partes de las y los legisladores presentes; en cambio, para reformar una ley, como las citadas líneas arriba, basta con una mayoría simple.
Es la razón de la seducción-amenaza ejercida contra el grupo parlamentario del PRI, pues sus 70 votos en la Cámara de Diputados y sus 13 votos del Senado hacen la diferencia sumados a la mayoría de Morena y sus aliados/as.
Entre las y los legisladores del PRI no cabe el autoengaño: no hay una sola propuesta que amerite abrir la Constitución en materia electoral y de régimen político.
Si alguno/a cree que podrían encontrar consejera/os “a modo” en una torpe negociación con la mayoría oficialista, no sólo traicionarían a la ciudadanía sino harían el ridículo, condenando al PRI a la irrelevancia y sumiéndolo en una dura lucha por su supervivencia política.
Parafraseando a dos clásicos: nunca en manos de tan pocos/as (legisladores) está la viabilidad del PRI y el futuro de México. No se equivoquen…porque la Historia no los absolverá.
*Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán
