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Ciudad de México, 02 de septiembre (entresemana.mx). El presidente Andrés Manuel López Obrador, aceptó que se equivocó con las propuestas que hizo para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues en vez de pensar en el proyecto de transformación actúan más en función de los mecanismos jurídicos.
Dijo que había hecho sus cuentas de que con sus propuestas lograría tener mayoría, “no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México”, pero me equivoqué.
Los cuatro ministros que han llegado a la Suprema Corte durante el mandato de López Obrador, son: Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Ana Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Ahlf.
Y a manera de reproche, señaló: “ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos. Y yo respeto eso, porque pues yo propongo, pero no quiero tener incondicionales. Yo quiero que haya mujeres y hombres libres, conscientes, y que cada quien asuma su responsabilidad”. Ya nos cuesta trabajo contar con cuatro de los 11″, abundó.
“Por ejemplo, en el tema de la Ley Eléctrica”, abundó. “Los conservadores del PRI y el PAN, en contra; un acto sin duda de traición a la Patria. Y luego pasa al Poder Judicial y de chiripa se evita que declaren inconstitucional la Ley Eléctrica, y ahora esto, que estamos tratando, que es un acto por completo de incongruencia, los paladines de la justicia de repente quieren anular un artículo de la Constitución, algo que no les corresponde”, se quejó el Presidente.
Durante la conferencia matutina de este viernes, se presentó en Palacio Nacional un informe detallado de casos sospechosos en donde juzgadores en todo el país liberaron a presuntos criminales, muchos de ellos buscados tanto en México como en el extranjero, como Rafael Caro quintero, como parte del debate sobre la prisión preventiva oficiosa que, este 5 de septiembre, la SCJN deberá resolver.
La prisión preventiva oficiosa, manzana de la discordia
La Corte discute la constitucionalidad de esta medida, que el Congreso de la Unión estableció en el Artículo 19 de la Carta Magna, desde el 2008, cuyo catálogo de delitos fue reformado en 2019 por la mayoría de Morena en el Congreso pero también por el resto de los grupos parlamentarios, incluido PRI y PAN: se trató de una reforma constitucional.
Los críticos de la prisión preventiva oficiosa han argumentado que la medida afecta principalmente a grupos vulnerables. Pero el gobierno federal afirma que permite retener a presuntos criminales que, en los juzgados, ya de por sí, sospechosamente la tienen ganada.
El proyecto del Ministro Luis María Aguilar Morales —que plantea declarar inconstitucional esta medida— señala que “configurar a la prisión preventiva como la regla para la consecución del proceso penal le adjudica al proceso penal mexicano un carácter autoritario y arbitrario que atenta también contra la propia funcionalidad del sistema”.
La parte oficial, por su parte, ha alertado que eliminar la prisión preventiva oficiosa implicaría la pérdida de vidas humanas, tanto de víctimas como de elementos de la policía, el Ejército y los propios jueces.
En razón de ello, el primer mandatario señaló que ahora estamos viendo infinidad de casos de jueces [que liberan detenidos]. Esto que pasó hace dos días que se detiene a un señor promotor de violencia en Colima y un Juez lo libera”, en relación con el caso de José Bernabé “N” , alias “La Vaca”.
A su vez, Ricardo Mejia Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó un informe de los distintos casos en que se ha liberado a presuntos delincuentes.
En tanto, Jesús Ramírez Cuevas, director de Comunicación de la Presidencia de la República, mostró cómo PRI, PAN, especialistas, columnistas, periodistas y medios defendieron la Reforma del Artículo 19 constitucional en 2008, cuando se establece la prisión preventiva oficiosa, pero ahora ya no están de acuerdo con ella.
Se da libertad a delincuentes por influyentismo o por corrupción, luego, aparecen estas contradicciones de quienes en un tiempo estuvieron a favor, y, ahora que estamos a favor, están en contra”, mencionó López Obrador..
Ricardo Mejía recordó, a su vez, que los delitos graves de orden común, como delincuencia organizada y delincuencia de cuello blanco ‘son delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa’, pues con ello se evita la ‘puerta giratoria’, en la que el criminal sale y vuelve a delinquir.
No sería puerta giratoria, sino abierta y podrían solicitar mediante amparo ser liberados”, refirió el funcionario.
Además, hizo énfasis en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo puede invalidar leyes que atente la Constitución, no artículos; la SCJN no puede inaplicar algún artículo de Constitución”, resaltó.
El caso por ejemplo de los «Montadeudas» se detuvo a 23 personas, varios están bajo proceso penal en libertad porque aquí sí no aplicó la prisión preventiva oficiosa y 5 más sí están detenidos», dijo el subsecretario Ricardo Mejía.
«Aquí lo relevante es que en los cateos se encontraron mil 20 chips de celular prepago que utilizaban para sus actividades criminales y, como ustedes recordarán, un juez, Juan Pablo Gómez Fierro, ante todos los requerimientos del tema de los chips de celular autorizó innumerables suspensiones provisionales para no implicar esta ley», expuso.
