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ADRIANA DELGADO RUIZ (El Heraldo de México). Por ahora, el resultado es mitad respiro y mitad preocupación. La tentación por el control y la censura sigue teniendo la puerta abierta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválida la reforma de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, resolviendo así la acción de inconstitucionalidad que un grupo de senadores había interpuesto desde diciembre de ese año.
El respiro, porque eso elimina los artículos referidos al control de la libertad de expresión bajo dos pretextos francamente absurdos. Uno es el de los derechos malinterpretados de las audiencias, porque los radioescuchas y televidentes tienen en todo momento la absoluta libertad de sintonizar la estación o canal de su preferencia a la hora que gusten, lo que constituye el mecanismo principal y natural de competencia que hace a las empresas de radio y la televisión buscar el rating mediante programas de calidad.
El otro pretexto es el de la distinción entre contenidos informativos y opiniones, que constituye un insulto a la inteligencia de las mismas audiencias que buscan defender. El nivel de discusión que se ve actualmente en las redes sociales y en la calle, deja más que claro que las personas son más que capaces de informarse y formarse una opinión propia basada en contrastar puntos de vista, como sucede en cualquier democracia.
¿Por qué la tentación de regular la libertad? Justo aquí es donde llega la preocupación. La reforma de 2017 también establecía mecanismos de ética y autorregulación de los medios de comunicación, como antídoto a la ley de 2014 que mantenía controles todavía más autoritarios.
Durante los muchos meses de discusión en la Suprema Corte, se devolvió al Instituto Federal de Telecomunicaciones la atribución de regular la supuesta defensoría de audiencias coartando la libertad de expresión e información y se buscó regresar al esquema de mantener una mordaza mediante sanciones financieras y hasta cierre de transmisiones en caso de que la autoridad determinara que un medio de comunicación opinó mientras informaba o informaba mientras emitía un punto de vista.
¿Se imagina usted la mañanera del presidente López Obrador, que se transmite en vivo a través de diversos medios públicos de radio y televisión, sujeta a esas regulaciones?
Sin embargo, el fantasma de la tentación autoritaria sigue rondando. El Congreso tiene ahora la posibilidad de rehacer esa reforma. Una diferencia sustancial es que tendría que observar las razones por las que la Corte declaró inválida la de 2017 y no cometer las mismas irregularidades.
Tendría que someter el proyecto a consultas con los diversos sectores de la población que pudieran verse afectados, es decir, todos. Las personas con discapacidades tendrían mucho que decir, al igual que los pueblos indígenas y diversos grupos que constituyen minorías de formas distintas.
Todavía más, sería fundamental conocer el punto de vista de la propia industria de la radio y la televisión, tanto comercial, como pública y social.
Evitar a toda costa caer en el autoritarismo de coartar la libertad de expresión, que es una de las más fundamentales en un sistema democrático. Autoritarismo también es obligar a la radio y la televisión a transmitir gratuitamente un bombardeo continuo de spots propagandísticos de los partidos políticos en épocas electorales, llenos de mensajes insulsos y guerras políticas sin sentido.
Hoy, las audiencias tienen más que nunca el control: disponen de muchas más opciones de información y entretenimiento, pueden acceder a ellas y cambiar de una a otra con solo presionar un botón. Libertad ante todo.
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