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ROBERTO CIENFUEGOS J. De nueva cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre enjundioso y con un optimismo a prueba de todo tipo de fracaso según trasunta su sempiterna sonrisa en cada conferencia matutina por difícil que sea la circunstancia, envió su iniciativa de reforma democrática electoral a la Cámara de Diputados. Esto, pese al revés que recién tuvo su iniciativa eléctrica en San Lázaro, por legisladores aglutinados en un bloque que resistió contra viento y marea para impedir un naufragio opositor.
Por tratarse otra vez de una reforma constitucional, esta nueva iniciativa tendrá que recorrer igual camino que la ya desechada sobre la energía eléctrica, pues requerirá el respaldo de 334 legisladores. Su destino es al menos incierto de entrada, pero ¿y entonces por qué correr el riesgo de un segundo fracaso legislativo? ¿O es que ya fue aprendida la lección para evitarlo? Si ya fue costoso políticamente el rechazo opositor a la ley eléctrica propuesta, así el discurso oficialista diga otra cosa, cualquiera podría imaginar lo que supondría una reedición de ese capítulo, ahora con el propósito de dar origen al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
La nueva iniciativa consta de 18 artículos constitucionales y 9 transitorios, y entre sus postulados prevé la elección popular el primer domingo de agosto de los candidatos a cargos de Consejerías y Magistraturas, con base en propuestas de los tres poderes. Los titulares de las consejerías sólo serían siete, cuatro menos que los miembros hoy.
Prevé igualmente la eliminación de los denominados Organismos Públicos Locales y los tribunales estatales. También la eliminación de las diputaciones plurinominales y aún de las diputaciones federales, que serían sólo 300, en lugar de los 500 actuales. En las legislaturas estatales también habría mermas con base en criterios poblacionales o demográficos, un mínimo de 15 y un máximo de 45.
Otras bajas se registrarían en el número de senadores, que de 128 hoy, bajarían a 96 y la fórmula se repetiría para bajar regidurías en municipios y ayuntamientos. Todo a la baja, pues. Esto con el fin de ahorrarse, dejar de gastar o invertir, según se vea, unos 24 mil millones de pesos.
De igual forma, se propone abatir el financiamiento de los partidos políticos, que recibirían fondos sólo para campañas electorales y no para las burocracias partidistas.
Otra de las propuestas es garantizar el voto electrónico en la Constitución, y el acceso de todos y todas al derecho al sufragio, así como una baja -oootra- de los tiempos de radio y televisión. Todo el tiempo a partidos y no para autoridades electorales.
Una más es la modificación del concepto de propaganda electoral y se amplían eso sí, las excepciones. El gobierno podrá difundir, por ejemplo, las obras y servicios públicos. Un punto adicional es que se instituiría una sola ley electoral para todo México. Tan tan.
En una de las primeras reacciones a la propuesta presidencial, una más y hay que decirlo que de nueva cuenta no se ha pedido al menos por la mayoría, bueno, ni siquiera por una minoría ciudadana, -como otros casos- el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, dictaminó rápidamente que la iniciativa de reforma electoral “nació muerta”.
Uno de pregunta, otra vez, cuáles son las razones que animan al presidente a insistir en una reforma constitucional, que al menos por ahora, parece sin destino triunfador. Otra pregunta es si acaso se cree absolutamente posible y viable que los partidos opositores y aún Morena, pondrán su propia cabeza en bandeja de plata para inmolarse. ¿Qué hay detrás de esta iniciativa? ¿Será un argumento más para que se retome la campaña, esta vez con una mayor fuerza, contra los ´traidores a la patria´? Ya se verá. Pero por lo pronto el país volverá a entrar en un paréntesis, quizá bastante largo, sobre un tema que como dije arriba es mayoritaria y predominantemente sólo del interés gubernamental. ¿Por qué? Tendremos tiempo para averiguar y entretenernos en la pesquisa.
@RoCienfuegos1
