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Acción Nacional expresa su malestar, insatisfacción y disenso con el resultado de la votación de los ministros de la Suprema Corte de Justica de la Nación en torno a la Ley de la Industria Eléctrica, pero acatará la resolución del máximo tribunal, porque la democracia y el Estado de derecho requieren que todos los mexicanos, sin importar sus posiciones políticas, respeten la ley y las instituciones.
Así lo afirmó el presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza, quien subrayó que el propio presidente López Obrador reconoció de facto la inconstitucionalidad de esa ley, como lo demuestra el hecho de que, luego de la negativa de dos jueces para aplicarla, envió a la Cámara de Diputados una propuesta de contrarreforma eléctrica.
El dirigente nacional panista destacó que en los argumentos de los cuatro ministros que impidieron declarar inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica predominaron las cuestiones ideológicas y la lealtad al presidente, por encima del espíritu de la Constitución, del derecho y la economía del país, por lo que las consecuencias serán una mayor pobreza y una desigualdad social más aguda.
Cortés Mendoza reiteró que Acción Nacional seguirá luchando, con estricto apego a la ley, en contra de las ocurrencias y caprichos del presidente y su gobierno porque, desde la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, no han hecho otra cosa que generar desconfianza y espantar las inversiones que tanto se requieren para generar empleos y abatir la pobreza.
Debido a la decisión de 4 ministros de la Corte, México sufrirá una crisis económica más profunda pues hay en el horizonte demandas multimillonarias, amparos y juicios internacionales. Una ideología trasnochada, pasada de moda, y una obediencia ciega incluso entre algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación colocarán a este gobierno como el peor de la historia, concluyó.
POSICIÓN DEL GPPAN SENADO EN TORNO AL FALLO DE LA SCJN RELACIONADO CON LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA
Lamentamos que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no fuese para frenar la evidente inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica.
Llama la atención que el martes pasado se pospuso la sesión en donde se discutía la Ley de la Industria Eléctrica; el miércoles, el Secretario de Gobernación se apareció en las oficinas de la Corte; y hoy, casualmente, no se obtuvieron los votos necesarios para evitar las negativas consecuencias para el medio ambiente, la salud, la economía familiar, la inversión, el empleo y la confianza del país.
La inconstitucionalidad de los preceptos impugnados de la Ley de la Industria Eléctrica es más que evidente. Las votaciones de los integrantes de la Corte permiten que el asunto sea resuelto en los diversos juicios de amparo presentados por la sociedad civil, empresas afectadas, así como las controversias constitucionales pendientes de resolver.
La decisión de la Suprema Corte en nada impacta a la discusión y votación de la Reforma Eléctrica que se llevará en la Cámara de Diputados. Seguiremos luchando por el bien común, pugnando por las energías limpias y baratas, por un medio ambiente saludable y un entorno de negocios que genere prosperidad para las familias.
