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SARA LOVERA (SemMéxico, Ciudad de México). El presidencialismo mexicano es esencialmente machista. Este sistema político presidencial da un inmenso poder al Ejecutivo que, a pesar de ser elegido por el voto popular, mantiene prebendas y capacidades para imponerse. Ello se lo confiere la Constitución. Puede hacer y deshacer, situación admitida y pactada por las llamadas democracias, donde la de división de poderes frecuentemente naufragia. Sucede en todo ese tipo de regímenes en el mundo.
Así fue establecido desde la Constitución de 1824. No obstante, en México se han dado largos debates y acciones desde la ciudadanía para crear mecanismos de control al poder presidencial en los que las mujeres mexicanas hemos incidido, a través de movimientos y agrupaciones muy diversas.
Estuvimos en la construcción, hace 32 años, en la más reciente y profunda eclosión social. En 1990, tras las elecciones de 1988 —las primeras realmente competidas— nos incluimos, a la luz de que ni las instituciones ni las normas ni los operadores políticos tuvieron capacidad para procesar lo que sucedía en una sociedad en la que no cabía más el poder concentrado en un solo partido. Tampoco en una sola ideología ni en una sola organización.
En 1990, se creó así el Instituto Federal Electoral —hoy, Instituto Nacional Electoral (INE)—, como el garante para construir, en definitiva, la confianza en lo que José Woldemberg define como el único método que ha inventado la humanidad para que una comunidad masiva, compleja y contradictoria, como la mexicana, pudiera expresarse, recrearse, competir y convivir de manera institucional y pacífica en las elecciones.
De ese proceso surgió el reconocimiento de la pluralidad, lo que convenía a las mujeres, que hasta ensayaron la construcción de un partido con ideología feminista. De ese proceso surgieron las cuotas de participación electoral, la equidad electoral y finalmente la paridad tanto electoral como total, de jure y no de facto que, sin embargo, las hace exigibles.
Gracias a muchas mujeres legislando, en los últimos 30 años se construyó un andamiaje jurídico para los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, los presupuestos etiquetados, la perspectiva de género en la Ley Federal del Trabajo, los derechos de las indígenas, el matrimonio igualitario, el reconocimiento a la diversidad y la identidad, la Ley de General Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la no criminalización del aborto, la interrupción legal del embarazo (ILE) en siete entidades del país y las instituciones para la política de género, como el Instituto Nacional de las Mujeres, etcétera.
¿Cómo vamos a estar inertes ante los embates contra el INE, el Conapo, Sipinna, el Inmujeres, los órganos autónomos, la libertad de expresión, la transparencia, las universidades donde se esclarece la condición de las mujeres, las instituciones, las estancias infantiles, además de los presupuestos para las víctimas, para combatir la discriminación, para los refugios para las mujeres violentadas, para los programas y para inhibir los efectos de los cánceres femeninos?
El reto para el movimiento feminista, entonces, es cómo enfrentar al que ofrece un estado más igualitario en lo social que no desarma las asimetrías de género, ni es eficaz para parar la impunidad y la violencia y mira desde las alturas del poder presidencial. Veremos…
Periodista. Directora del portal informativo SemMéxico.mx
