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Ciudad de México, 25 de enero (entresemana.mx). La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHDPA), en voz de su comisionado para América Latina y el Caribe Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, acusó al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de negligente y omiso al no revisar la protección a periodistas.
Esto pese a que la periodista Lourdes Maldonado denunció ante el presidente que temía por su vida, en un litigio donde había recibido amenazas de muerte y pidió protección de su integridad física.
Pero ni López Obrador ni su vocero Jesús Ramírez Cuevas atendieron el llamado.
Por ello, Gutiérrez Yáñez exigió la destitución del vocero Ramírez Cuevas por negligencia y omisión en perjuicio de la comunicadora, asesinada el pasado 23 de enero.
También se sumó a las voces de periodistas que han levantado su indignación ante un gobierno complaciente con el crimen organizado.
Con la muerte de Lourdes Maldonado, suman tres periodistas asesinados en lo que va de este año; el 17 de enero, el reportero y fotógrafo independiente Margarito Martínez Esquivel fue asesinado afuera de su casa en la colonia Sánchez Taboada, en Tijuana, Baja California.
Días antes, el periodista José Luis Gamboa Arenas, director general del diario digital Inforegio, fue asesinado en el puerto de Veracruz.
Gutiérrez Yáñez comentó que, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas está rebasado y, por ende, no está cumpliendo en su totalidad el objetivo para el cual fue creado.
Por ello, exhortó a las autoridades del Estado mexicano a emprender iniciativas desde los diferentes ámbitos de acción, para fortalecer su protección y consolidar una cultura de garantía a sus derechos humanos.
Puntualizó que los acuerdos internacionales que ha ratificado el Estado Mexicano deben llevarse al pie de la letra, garantizando la vida de las personas que han decidido por su propio derecho informar y llevar a cabo una actividad periodística.
Y sostuvo que no se puede continuar con estos lamentables hechos, sin justicia y que el Estado Mexicano no puede ser irresponsable en no garantizar seguridad, así como, la libertad de expresión.
