Un domingo ciudadano

“La democracia no garantiza que lleguen los mejores, pero sí permite que se vayan los malos”

Jorge Suárez Vélez (1).

DULCE MARÍA SAURI RIANCHO* (SemMéxico, Mérida, Yucatán). Apenas el miércoles pasado se consumó el proceso legislativo con el voto de la mayoría de Morena en el Senado de la República. Para las y los lectores católicos, esta aprobación coincidió con el inicio de la Cuaresma que, como su nombre lo indica, concluirá 40 días después con la Resurrección.

La línea de tiempo del denominado “Plan B” electoral corre paralela, con los plazos máximos para volverse reforma de ley y emponzoñar el proceso del próximo año.

La tortura a la democracia comenzó el 6 de diciembre pasado. Desde un principio, la reforma electoral del presidente López Obrador estuvo marcada por la precipitación y el desaseo en los que incurrió la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, todo con tal de cumplir la instrucción presidencial de desmantelar al INE y controlar a la institución responsable de organizar las elecciones.

Las cuatro piezas que conforman el “Plan B” ya las tiene en su poder el presidente López Obrador para cumplir con su obligación constitucional de mandarlas a publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que adquieran plena vigencia.

A partir de ese momento, con el fresco olor a la tipografía electrónica que acompaña ahora al DOF (ya no se imprime un solo ejemplar, pura edición digital) se podrán interponer las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, donde se hagan valer las graves violaciones a nuestra Carta Máxima y a una institución autónoma como es el INE.

Con cualquier ley o reforma, como las leyes electorales, el Presidente de la república cuenta con 30 días como límite para objetar alguna de sus partes (o toda), en cuyo caso regresa la parte objetada al Congreso.

Si el Presidente guarda silencio, entonces comienza a correr otro plazo, ese de 10 días, para que ordene publicar las reformas. Si el Ejecutivo federal no cumple, entonces el presidente de la cámara de origen (en este caso, Santiago Creel, en Diputados) tiene la facultad -y obligación- de ordenar al Diario Oficial (DOF) que lo haga.

Esta disposición se introdujo en la Constitución para evitar el mecanismo conocido como “veto de bolsillo”, que dejaba en el “limbo” -esto es sin publicar-, algunas cuestiones que no eran del agrado o conveniencia del Presidente en turno.

Para las reformas del “Plan B” el tiempo del Presidente se agota en plena Semana Santa, así que Creel desde el lunes de Pascua podría ordenar su publicación. No creo que López Obrador tense la cuerda hasta agotar su fecha límite para que él mande publicar su engendro. Quizá está esperando que coincida con la elección de las y los consejeros del INE que habrán de sustituir a Lorenzo Córdova, su presidente, y otros tres que el lunes 3 de abril habrán cumplido su plazo de 9 años para el que fueron electos en 2014.

En fin, correrán días de incertidumbre, mientras el presidente López Obrador “deshoja la margarita” antes de decidirse a soltar la cuchilla de su guillotina sobre las instituciones que organizan las elecciones, cuentan y protegen nuestro voto.

Escribo estas líneas domingo en la noche, con el ánimo en alto después de participar, como millones de personas en todo México, en la movilización ciudadana en defensa de la democracia.

Más de 100 ciudades de México y del extranjero, Mérida incluida, se sumaron. Y un majestuoso Zócalo de la Ciudad de México que recupera su esencia de símbolo de las luchas ciudadanas, opositoras al gobierno en turno cuando éste traiciona los principios fundamentales que nos unen como nación y como pueblo.

Habrá quien considere que exageramos cuando denunciamos las graves consecuencias que tendrá la reforma electoral del presidente López Obrador, si no la detiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Poner el templete frente a su edificio sede fue un doble mensaje a las y los 11 ministros que la componen: “No nos fallen”; “No están solas ni solos”. De ellas y ellos depende el futuro democrático de 130 millones de personas, algunas de ellas apenas están naciendo.

Vale entonces sortear y sostenerse frente a las duras presiones de todo tipo que hay -y habrá seguramente- para que prevalezca la voluntad presidencial de desmantelar al INE.

Mi generación, la que nació hace 70 años, luchó en las calles y en la sierra por abrir cauces a la participación popular. Ingresamos a la política por distintas vías, pero con el propósito común de lograr la transformación del régimen político. Fue un proceso lento y doloroso, rodeado de dificultades, pero con la certidumbre de transitar el camino correcto.

A mi partido, el PRI, le correspondió la parte más compleja de este proceso al poner los medios para que la demanda ciudadana de mayor democracia se expresara en la Constitución y en las leyes electorales.

Nuestra mayoría en las Cámaras de entonces la utilizamos a favor de México, de la pluralidad y la diversidad política. Con nuestro voto se establecieron las normas que limitaron o eliminaron las ventajas de que gozó el PRI durante muchos años.

Y dimos la mayor prueba de nuestra convicción democrática cuando aceptamos sin regateo alguno el triunfo de nuestras y nuestros opositores/as históricos en la elección presidencial de 2000. Por eso, al igual que millones, este domingo gritamos en las plazas de México: “mi voto no se toca” “defendamos la democracia”.

El domingo 26 “cargamos baterías” para la lucha que viene. Nos decimos “sí se puede”. Fortalecimos nuestra convicción de no dejar aplastar nuestro derecho de votar para que se vayan las y los malos…y la esperanza renovada para que lleguen las y los mejores.

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(1) Reforma, Opinión, jueves 23 de febrero 2023, p.9.

Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán

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