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Ciudad de México, 26 de abril (entresemana.mx). Alrededor de 2400 millones de mujeres en edad de trabajar no tienen igualdad de oportunidades económicas; en 178 países continúan con barreras legales que les impiden participar plenamente; en 86 países, algún tipo de restricción laboral, y en 95 países no hay igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor.
Así se revela en el informe del Banco Mundial titulado “La Mujer, la Empresa y el Derecho 2022”, en donde se precisa que el sector femenino apenas accede a tres cuartas partes de los derechos reconocidos a los hombres, 76,5 sobre 100 puntos, que indicaría la existencia de una paridad jurídica completa.
Sin embargo, a pesar del efecto desproporcionado que la pandemia mundial ha generado en la vida y los medios de subsistencia de las mujeres, 23 países reformaron sus leyes en el 2021 y dieron pasos relevantes para promover su inclusión económica.
Si bien se han logrados avances, a nivel mundial la brecha entre los ingresos esperados tanto de hombres y mujeres a lo largo de su vida es de USD 172 billones, casi dos veces el producto interno bruto (PIB) anual del mundo», resaltó Mari Pangestu, directora gerente de Políticas de Desarrollo y Alianzas del organismo financiero.
El informe “La Mujer, la Empresa y el Derecho 2022” mide las leyes y regulaciones en ocho áreas que afectan la participación económica de las mujeres en 190 países. Las ocho áreas son Movilidad, Trabajo, Remuneración, Matrimonio, Parentalidad, Empresariado, Activos y Jubilación.
De acuerdo con la información recabada, sólo 12 países, todos integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tienen paridad jurídica entre los géneros.
En 2021 las regiones de Oriente Medio y Norte de África y África al sur del Sahara mostraron las mejoras más significativas en el índice de La Mujer, la Empresa y el Derecho, aunque continúan rezagadas en términos generales con respecto a otras partes del mundo. Las mujeres no pueden lograr la igualdad en el lugar de trabajo si están en una posición desigual dentro del hogar», afirmó Carmen Reinhart, Vicepresidenta Sénior y Economista en Jefe del Grupo Banco Mundial.
“Eso implica lograr condiciones equitativas y asegurarse de que el hecho de tener hijos o hijas no impida a las mujeres participar plenamente en la economía y hacer realidad sus esperanzas y aspiraciones”, refirió.
En el informe se reconoce que un número creciente de economías están invirtiendo en el cuidado infantil, con el fin de mejorar sus habilidades y reconocer el trabajo no remunerado que desempeñan las mujeres, quienes suelen asumir una mayor cantidad de tareas de cuidado.
En esta investigación piloto se analizó la legislación de 95 economías y se observó que la mayoría de las economías de ingreso alto de la OCDE y de Europa y Asia central regulan servicios públicos de cuidado infantil, mientras que en Oriente Medio y Norte de África y en Asia meridional, las normas obligan al sector privado o a los empleadores a brindar servicios de cuidado para los hijos o las hijas de sus trabajadores.
Un análisis de los esquemas de implementación de las leyes revela una brecha significativa entre la legislación que figura en los códigos y el funcionamiento legal. Las leyes por sí solas no son suficientes para lograr mayor igualdad de género: entran en juego no solo su implementación y cumplimiento, sino también las normas sociales, culturales y religiosas.
