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NOEMÍ LUNA*
La indignación ha reaparecido en la sociedad mexicana tras los hechos ocurridos el 23 de enero en Concordia, Sinaloa, cuando 10 trabajadores mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp, originarios de Sinaloa, Zacatecas, Chihuahua y Oaxaca, fueron privados de la libertad por un grupo armado.
Durante 17 días, sus familias vivieron la angustia de la incertidumbre, hasta que -como ha ocurrido tantas veces- la búsqueda terminó en fosas clandestinas. Hasta ahora, sólo cinco mineros han sido identificados y todo apunta a que en los próximos días se confirmará la identidad del resto.
Este patrón —buscar personas vivas y encontrar cadáveres— se ha vuelto una constante que exhibe la incapacidad del Estado para proteger a su gente.
Con este acontecimiento, Zacatecas vuelve a vestirse de luto, porque entre las víctimas se encuentran dos hijos de esta tierra colorada.
Como sociedad zacatecana, compartimos el profundo dolor por el asesinato de los mineros, un hecho que no únicamente enluta a sus familias, sino que hiere a toda la comunidad. Ante esta tragedia, es imposible guardar silencio o fingir normalidad frente a una violencia que se ha vuelto cotidiana.
Expreso mi solidaridad con las familias de los ingenieros Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 40 años, originario de Sombrerete, y José Ángel Hernández Vélez, de 37 años, de Cañitas de Felipe Pescador. Sus nombres no deben perderse en la estadística ni en la indiferencia institucional.
Este caso refleja con crudeza la realidad que vive México frente a las desapariciones, un delito que se ha agravado en los últimos años. Durante los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum, las cifras se incrementaron de manera alarmante, alcanzando hoy un promedio de 40 desapariciones diarias, sin que exista una estrategia eficaz para contenerlas.
Como representante popular y como madre, no puedo ser indiferente ante este dolor. Exijo al gobierno federal una investigación seria, transparente y exhaustiva, así como justicia para las víctimas cuyos cuerpos fueron hallados en la comunidad de El Verde, a 16 kilómetros del lugar de su secuestro.
México merece saber qué ocurrió, por qué personas trabajadoras y sin relación con la delincuencia fueron levantadas y por qué fueron asesinadas.
Sinaloa parece hoy territorio sin ley, resultado de gobiernos incapaces de pacificar la región y de tolerar vínculos entre el poder político y el crimen organizado.
Como mexicana y zacatecana, me niego a normalizar la violencia y a vivir con miedo.
Hoy levanto la voz con fuerza y me uno al grito social que exige justicia por el multihomicidio de los mineros, por el levantamiento de tres turistas también en Sinaloa, por encarcelar a los narcopolíticos de Morena, por combatir la extorsión y por las víctimas de los descarrilamientos del Tren Interoceánico, del Tren Maya y de la Línea 12 del Metro, entre muchos otros casos lamentables.
*Diputada Federal por el Partido Acción Nacional LXVI LegislaturaFederal
