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IRMA PILAR ORTIZ
¿Realmente creen que somos tontos?
Resulta que la empresa que administra el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec o sea la Secretaría de Marina, decidió clasificar como reservada, hasta 2031, la información técnica de los vagones que integran la Línea Z Salina Cruz–Coatzacoalcos, las comunicaciones y reportes generados después del descarrilamiento del 28 de diciembre y que dejó 14 personas fallecidas y cerca de 100 lesionadas.
Porque “su divulgación podría obstruir la prevención o persecución de los delitos […] también se podría afectar el debido proceso y/o vulnerar actuaciones y determinaciones no concluidas”. ¿Usted les cree?¡yo tampoco!
Después de que la Fiscal carnal, Ernestina Godoy determinó que el descarrilamiento fue responsabilidad única y exclusivamente del conductor, maquinista y los operadores del tren y que los expertos de la Universidad Iberoamericana señalaron que la verdadera causa fue desde el origen de la planeación de esta ruta ferroviaria, ahora, para evitar que haya filtración de más información, decidieron “reservarla” por 5 años, es decir, ocultarla hasta que termine el sexenio de Claudia Sheinbaum.
Dicen que difundir especificaciones técnicas a detalle “aporta una utilidad marginal frente al objetivo de rendición de cuentas, pero eleva de forma sustantiva el riesgo a la seguridad y continuidad operativa del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec”.
Para aumentar las sospechas, aunado a eso, también se reservó por cinco años la copia íntegra de las comunicaciones del centro de mando relacionadas con el siniestro, así como el dictamen de seguridad industrial, firmado por un perito, que concluyó que la locomotora FIT-3027 no cumplía con las medidas establecidas en el reglamento del servicio ferroviario.
Por eso, difícil de creer que el interés legítimo de la Secretaría de Marina sea la de proteger la investigación y que su difusión podría obstaculizar la indagatoria.
Que bien que aunque sea un diputado, el legislador Daniel Chimal García haya alzado la voz para recriminar que el Gobierno federal haya optado por clasificar la información del accidente del Tren Interoceánico como reservada, antes de abrirla y aclarar el verdadero motivo del mortal descarrilamiento en Oaxaca.
Tiene razón al calificar como erróneo el argumento de “comprometer” la seguridad nacional, igual como hicieron con la caída de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México o las obras del Tren Maya. En todos los casos solapan y protegen a quienes, en un acto de mortal corrupción, cual mercenarios, no les importó comprometer la seguridad en esa vía férrea.
Con todo esto, el mismo gobierno pone en entredicho el diseño, ejecución y puesta en marcha de esta obra que desde el inicio generó sospechas de actos de corrupción que involucraron directamente a uno de los hijos del expresidente López Obrador.
Pero, además, demuestra el grave error que cometió la 4T en el sexenio pasado al otorgar un gran poder a la Secretaría de la Marina y a la Defensa Nacional y convertir a militares y marinos en empresarios constructores.
Debe ser hasta de miedo, como empresario, llegar a negociar cualquier contrato con una persona que maneja el presupuesto de la Nación, que porta una pistola al cinto y que además tiene permiso para matar.
El caso es que desde el mismo gobierno se encubren y apuestan al olvido colectivo, igual como cuando se cayó la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México y Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía de la capital del país, elaboró un dictamen que decía que, los trabajadores que colocaron los pernos en los puentes, que sostienen esa vía, eran los culpables de la caída.
