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>> En Estados Unidos saben quiénes son los criminales; en México también
MIGUEL Á. ROCHA VALENCIA
Las advertencias de Donald Trump son claras: va por todo y para ello cuenta con la información que le otorgan las diversas agencias de seguridad del Departamento de Estado y del Tesoro, a pesar de que el discurso oficialista en México se esfuerce por decir que se está cumpliendo en el combate a los criminales o se insista en afirmar que aquí no se procesa fentanilo.
Será el pretexto, pero el presidente estadunidense habla de una intervención directa contra los criminales mexicanos y que para ello cuenta con nombres y ubicaciones de lo que aquí se da en denominar “promotores de violencia”, haciendo a un lado de que las palabras de Trump se refieren incluso a la red política que protege las actividades ilícitas desde diferentes niveles de gobierno.
Ante la advertencia que se oyó tan cercana que parece que ya inició el operativo, el gobierno mexicano deberá decidir de una vez por todas sus próximos pasos que por lo visto no se cubren con los más de mil laboratorios para elaborar metanfetaminas o procesar cocaína, ni con el envío de delincuentes incluso violando procedimientos judiciales.
Los datos recopilados durante años por la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, la DEA, la CIA o el departamento del Tesoro son nombres, ubicaciones y actividad de criminales como lo afirma el propio Trump, a quien sólo le ha faltado decir que no nos confundamos con el tipo de criminal que debe ser detenido, encarcelado y procesado.
Tal vez e refiere, como pasó en el caso del huachicol con hidrocarburos y fiscal, a figuras políticas que protegen las acciones delictivas y de las cuales hay muchos nombres, empezando por altos mandos de la Marina, empresarios y desde luego políticos encumbrados y protegidos desde el poder.
Ya no se habla de los que se fueron y se entregaron; esos ya cantaron y proporcionaron o confirmaron las indagatorios que las agencias estadunidenses realizan desde hace años. Ahí van a estar esos nombres que muchos mencionan, pero para los cuáles hay impunidad a pesar de las pruebas y los indicios descarados de sus complicidades por acción o inacción con la delincuencia y sus empresas criminales.
Tan es así que en el caso de bancos y financieras se dijeron nombres, se congelaron actividades, pero nadie fue procesado ni siquiera se inició una carpeta de investigación en la FGR y se acallaron los datos con que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda hasta hace poco a cargo de Pablo Gómez quien tragó sapos cuando surgió lo de Alfonso Romo y su lavadora financiera.
No se trata ya de “promotores de violencia” sino de desmantelar la estructura de las empresas criminales prohijadas o al menos, protegidas y articuladas desde el poder. Ni siquiera se trata de capturar a quienes ejercen el sicariato sino a los verdaderos hampones, esos que despachan desde oficinas y se sienten intocables en los negocios sucios en que intervienen.
Se trata de quienes manejan los 100 mil millones de dólares en el sistema financiero de Estados Unidos como lo reveló en su momento la entonces secretaria del Tesoro, Janet Yellen, cantidad que podría elevarse actualmente a los 300 mil millones de dólares cada año.
Y en su momento, Rogelio Ramírez de la O, quien era secretario de Hacienda, no dijo ni hizo nada; fue necesario que dos años más tarde el mismo Tesoro de Estados Unidos vetara a Intercam, Vector y CiBanco acusados de actividades ilícitas, mismas que no han podido desmentir y por el contrario, se encontraron indicios de que las imputaciones son ciertas, pero en México no hay ningún procedimiento judicial y quien sabe si de investigación.
Como en ese tema, también se conocen nombres de prominentes políticos y empresarios que incluso han podido darse a la fuga gracias a la laxitud con que aquí se les ha tratado, el ejemplo más cercano es el del dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú a quien se le fincaron diversos delitos, se le concedió ser testigo colaborador y hoy, no se sabe dónde está ¿O sí?
En política hay tantos nombres que tan solo mencionarlos ofende los oídos del oficialismo el cual tendrá que definir su posición más tarde o más temprano en un marco de opresión externa, claro si se quiere evitar la incursión directa que como en todo lo que hace el señor Trump tiene implicaciones políticas y económicas más allá del sema de seguridad o salud.
No se trata de pedir invasiones, sino por el contrario, evitarlas porque si lo primero ocurre, más allá del tema de soberanía y derecho internacional, estará el alto costo político y económico que deberá pagar México.
