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DULCE MARÍA SAURI RIANCHO* (SemMéxico, Mérida, Yucatán). El domingo 10 de abril se realizará por primera vez la consulta popular en materia de revocación del mandato del presidente de la república.
Ese día se conmemora el 103 aniversario del asesinato de Emiliano Zapata en Anenecuilco, Morelos. También se celebrarán este año las ceremonias religiosas del Domingo de Ramos, inicio de la denominada Semana Mayor por la población católica.
No creo que el Instituto Nacional Electoral (INE), responsable de la organización del proceso de revocación, haya seleccionado el día con algún afán histórico. Simplemente, la dificultad de revisar más de 10 millones de firmas entregadas para cubrir el primer requisito que activa la convocatoria —3 por ciento del electorado, casi 2.9 millones— llevó a trasladar la fecha de la jornada hasta que no se hubiese alcanzado el umbral mínimo de firmas válidas. Y eso sucedió la semana pasada.
Con o sin dinero suficiente, el INE tiene la obligación constitucional de someter a consulta si el presidente Andrés Manuel López Obrador deja su cargo antes de concluir su mandato de seis años, es decir, en este mismo mes de abril. Se imprimirán alrededor de 95 millones de boletas que, de acuerdo a la Ley de Revocación aprobada por la mayoría de Morena en septiembre pasado, presentarán la opción de permanencia o salida del cargo en cuadros diferentes. Uno dice: “que se vaya”; el otro, “que permanezca hasta el final”.
Todavía está en litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la pregunta que contendrá la boleta, porque se interpuso una acción de inconstitucionalidad por parte de las y los legisladores de oposición al considerar que la consulta de Revocación es exclusivamente para señalar si los ciudadanos quieren que el presidente se vaya; es decir, Sí o No. Nada de preguntar si desean que permanezca, tal como estuvieron publicitando para recoger las firmas las organizaciones afines a Morena.
Los requisitos para validar el resultado demandan una participación superior al 40 por ciento de las y los ciudadanos inscritos en el padrón electoral —alrededor de 38 millones de personas— y que, de éstas, al menos la mitad más uno haya votado porque el presidente López Obrador se vaya inmediatamente.
Faltan más de 9 semanas para ese domingo de abril. El debate ha rebasado el ámbito de analistas y políticos para empezar a interesar a un sector de la sociedad, más allá de los millones de firmantes que, falsos o reales, la solicitaron.
Hace unos días escuché un intenso intercambio de opiniones entre amigos en que uno incitaba a los demás a participar votando en contra de la permanencia de López Obrador y otro aducía que eso sería “hacerle gordo” el caldo al presidente. Los demás, atentos a los argumentos, se veían dubitativos sobre la actitud a seguir. Quizá pensaban si valía la pena postergar el comienzo de las vacaciones de Semana Santa para acudir a las urnas o si, definitivamente, no valía la pena.
Les comparto que era una audiencia de adultos mayores, contraria al actual gobierno federal, en especial a las decisiones y conductas presidenciales. Allá se planteaban si su rechazo debía de manifestarse votando “Sí” o de plano, mediante una abstención activa que implicara una denuncia de la manipulación de que presuntamente somos objeto por parte del presidente López Obrador y sus aliados políticos de Morena.
Reproduzco a continuación algunos de los principales argumentos. Acudir a votar porque es la oportunidad de hacer a un lado a un mal gobernante, que cada día de su actuación complica aún más la situación de las familias mexicanas, sumidas en la inseguridad y en la pobreza. La réplica se fundó en la gran popularidad que las diversas encuestas de opinión conceden al presidente López Obrador, más del 60 por ciento, lo que hace altamente improbable que el grupo contrario se imponga. Abundaba la “contra”: aunque de “panzazo” (apenas 20 millones) que digan que se quede el presidente, López Obrador habrá “refrescado” su popularidad y adquirido nuevo aliento para la fase final de su gobierno, quizá la más complicada, por la postulación de su sucesor/a y la conclusión de las obras emblemáticas de su legado.
Más datos: fueron las organizaciones de Morena, bajo distintas denominaciones, las encargadas de recopilar los apoyos ciudadanos a la solicitud de revocación. Hicieron caso omiso de la esencia de castigo ciudadano que representa esa solicitud para privilegiar la interpretación de respaldo al presidente López Obrador.
El INE carga con la enorme responsabilidad de organizar la revocación sin contar con recursos suficientes para cumplir la ley. Veámoslo con un simple ejemplo: existe la obligación legal de integrar el mismo número de casillas que en junio de 2021, es decir, 162,570. En Yucatán, de 2,812 el INE se propone instalar sólo 900, menos de la tercera parte. Entre la espada del mandato constitucional y la pared del presupuesto insuficiente, el INE tendrá que hacer auténtico “tejido fino” para no caer en la trampa preparada por sus adversarios que buscan a toda costa erosionar su legitimidad.
La discusión entre amigos quedó abierta. Esperarán a la resolución de la SCJN sobre la pregunta. Quedó pendiente la reflexión del “para qué” la remoción del presidente López Obrador, si sería un Congreso afín a su persona el encargado de elegir a quien habría de relevarlo. Mucho dinero gastado para reforzar legitimidad, ¿no cree usted?
Concluyo con una hipótesis —o ¿especulación? — de una servidora: el verdadero propósito de aplicar la consulta de revocación no es 2022 ni es juzgar a López Obrador sino quien habrá de sucederlo en 2024. El “neo-maximato” a instalar contaría con un instrumento poderoso para controlar o “llamar al orden” a su sucesor/a de su misma fuerza política o, en el caso de la derrota en las urnas, desestabilizar al opositor/a que les haya arrebatado la presidencia, con la amenaza de someterlo/a la consulta de revocación en 2028. Seguiremos platicando.
*Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán
