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ISABEL ORTEGA MORALES (Guerrero). Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminara que la Guardia Nacional debe regresar a ser parte de la Secretaría de Seguridad Pública y dejar de pertenecer al Ejército Mexicano, la reacción del Presidente fue no la de un Jefe de Estado, sino la de un individuo cuyas emociones están más arriba de su investidura y ordenó tanto al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, como a la Titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez ¡no tomar la llamada de nadie de la SCJN!, es decir, aislar al Poder Judicial del Ejecutivo.
El Supremo Tribunal de Justicia, creado en 1814 por el Generalísimo Siervo -real- de la Nación, Don José María Morelos y Pavón, instalado como Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1825, obtiene en 1941 un espacio para operar, cuya construcción inició en 1936. Desde sus orígenes se ha mantenido como como un relevante Poder que da equilibrio al país en materia de justicia… hasta ahora, con altibajos ajenos a su función principal, con respaldo ciudadano.
El llamado que no corresponde a la investidura presidencial, ni al respeto a la división de poderes, ni a la más mínima tolerancia política ha tenido, sin embargo, una reacción no tan voluntaria -a mi parecer- sino acomodaticia, al convocar a un plantón de cinco días frente a las instalaciones que ocupa en el centro de nuestra capital.
La polarización política no solo nos está colocando en dos bandas distintas de pensamiento, sino que en medio del mismo existe otra que reacciona belicosamente provocando un fenómeno que puede generar división irreconciliable donde el diálogo, el respeto a la diferencia, no permita avanzar en condiciones de cordialidad.
Una resistencia frente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene a favor de la misma, muchas oportunidades para salir adelante si consideramos que tiene dos vecinos poderosos que no le prestarán ayuda, la que proviene de la Presidencia de la República y la que viene de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Si la SCJN no tiene y presenta una estrategia para no contagiar de esa polarización al Poder que tiene, que derivaría en una parálisis de su labor, no tendría más recurso prudente que la resistencia al término de la administración federal.
Si en ese inter no existen operadores políticos con capacidad de ser escuchados y atendidos por el Poder Ejecutivo Federal, también estaríamos ante un escenario de descomposición no solo de la política, sino social, cuya división fraccionaría familias, y ahí, no entra ningún operador político ni pacifista, ahí es en serio y todo por una falta de nivel político que se maneja desde las emociones ¿nos lo merecemos?
