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ISABEL ORTEGA MORALES
Chilpancingo, Guerrero. El domingo 16 de febrero de este año 2025, la Guardia Nacional parecía que se anotaba un éxito al detener a un grupo de civiles armados en la montaña de Guerrero. Solo que esos civiles armados son elementos de la policía comunitaria de Xalpatláhuac, dos de ellos comandantes y, por si fuera poco, al momento de su detención venían de prestar un servicio social a su comunidad.
Xalpatláhuac se rige por Usos y Costumbres con la figura de un líder tradicional que se denomina Tlayakanki que mantiene desde 1717, según los registros del 13 de octubre de ese año, esta autoridad designada por los señores principales.
Esta región es considerada territorio comunitario gracias a la solidaridad de hombres y mujeres que conforman un brazo de seguridad y prevención del delito, como una acción de servicio que realizan sin percibir paga alguna y que cubren luego de prestar sus servicios para vivir en distintas áreas de trabajo.
La Policía Comunitaria de Xalpatláhuac es reconocida por las Casas de Justicia de la CRAC-PC Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria de Espino Blanco. Su presencia inhibe el delito, media en conflictos y encauza la reeducación de quienes reinciden en cometer acciones que puedan derivar en delitos.
La Policía Comunitaria recibe de una Asamblea del pueblo las armas y las tareas que realizan se hacen por protocolos.
Sin embargo, ese domingo, una emergencia hizo que se movieran rápidamente porque estaba de por medio una vida, una persona habitante de Xalpatláhuac tuvo un accidente que le condujo a presentar una posible fractura de cráneo y ante la falta de ambulancia y de un hospital en esa cabecera municipal nahua, fue necesario trasladarlo al hospital de Tlapa de Comonfort.
Xalpatláhuac ha presentado abandono gubernamental. La anterior administración municipal no dudó ni un momento, ni por humanidad, en dejar sin agua a TODA la población, como castigo a la figura de Tlayakanki y derivó en un escándalo hasta las instancias legales y electorales aduciendo violencia de género.
Una serie de acusaciones que se fueron desvirtuando a favor de la población, mantiene aún a ese municipio y a su policía comunitaria con señalamientos más de difamación que de comprensión a su labor.
¿Qué hubiera pasado si la Policía Comunitaria no determinara ayudar a la persona lastimada y ésta perdiera la vida por esa acción? Claro, serían criminalizados por restringir una acción humanitaria. Solo que, tras prestarla, ahora son criminalizados por que llevaban escopetas y un arma de uso considerado exclusivo del Ejército.
La madrugada del martes 25 de este mes inicio la audiencia y ese mismo día la Fiscalía General de la República determinó vincular a los 5 elementos de la Policía Comunitaria a proceso por un arma. ¿Es una denuncia judicial infundada en la incomprensión de la labor que realizan? ¿Es una detención arbitraria que rompe los frágiles lazos que intentan construir con instancias del poder legislativo para que estos diputados entiendan qué hacen porque desde el recinto desconocen la realidad de las poblaciones, que no conocen el rigor de estar sin agua, de tener que caminar grandes trechos para ir en busca de servicios médicos, educativos? ¿Una población cuyos hombres tienen que migrar para tener ingresos?
Criminalizarlos ha sido la mejor salida de la FGR frente a escenarios de inseguridad no atendidos, de grupos de civiles armados que no son policías comunitarios que han cometido delitos, que han desaparecido personas, que han matado a otras más y se mantienen en libertad.
La mirada hacia la Policía Comunitaria desde la criminalización es una mirada de discriminación hacia los pueblos indígenas y afromexicanos que ven que lo que dicen sobre su autodeterminación y ser criminalizados en simplemente, doble discurso.
