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>> Por unanimidad, aprobó el dictamen que modifica la Ley de la Economía Social y Solidaria
>> Pasó al Senado para sus efectos constitucionales
Ciudad de México, 23 de noviembre (entresemana.mx). La Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad de 481 votos, reformar la denominación de la Ley de la Economía Social y Solidaria reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política en lo referente al sector social de la economía, para quedar como “Ley de la Economía Social y Solidaria”.
El dictamen sustituye Secretaría de Desarrollo Social por Secretaría de Bienestar y adiciona la fracción X en el artículo 8 de la ley, a fin de generar condiciones para la integración social productiva de las mujeres, libre de cualquier forma de discriminación.
El documento, que se remitió al Senado de la República, también modifica la fracción X para señalar que la promoción de la cultura solidaria se basará en los derechos humanos.
Al fundamentar el dictamen, la diputada presidenta de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez (PAN), dijo que el objetivo es fortalecer el marco jurídico.
Agregó que la reforma da cumplimiento al mandato constitucional señalado en el artículo 1º párrafo III de la Carta Magna en cuanto a la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Puntualizó que contribuye a la construcción y bienestar del sector en estricto apego al respeto de los derechos humanos. Subrayó que la economía social y solidaria necesita fortalecerse para disminuir las desigualdades sociales.
La diputada promovente, Olga Luz Espinosa Morales (PRD), afirmó que la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer debe ser un eje transversal relacionado al desarrollo humano sostenible. A nivel mundial, “las mujeres representamos más de 50 por ciento de la población y realizamos el 66 por ciento del trabajo, pero sólo recibimos el 10 por ciento de los ingresos y poseemos el uno por ciento de las propiedades”, expresó.
Agregó que las actividades de economía social son una alternativa para impulsar el desarrollo sostenible de las mujeres y jefas de familia en las regiones rurales con mayor pobreza; por eso es urgente impulsar proyectos que promuevan su autoempleo.
“Impulsar este tipo de reformas favorece una agenda violeta en la economía social. Esta iniciativa pretende impulsar la participación, sin discriminación, de todas las mujeres en el país, pero en especial de las mujeres indígenas y rurales”, indicó.
