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EDUARDO IBARRA AGUIRRE
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática reportó el pasado fin de semana y de manera preliminar que durante 2023 se produjeron en México 31 062 homicidios y que la cifra es inferior a los 33 287 registrados en 2022, lo que implica un lento pero sostenido descenso respecto a los 36 685 cometidos en 2018, el último año del muy corrupto gobierno de Enrique Peña y que tantos “apapachos” ofreció a los intelectuales orgánicos.
Son cifras alentadoras porque reconfirman tendencias a la baja del fenómeno delictivo, además de que los homicidios dolosos constituyen el talón de Aquiles de la estrategia de seguridad pública que dificultosamente se abre paso desde diciembre de 2018 con la Cuarta Transformación. Y más difícil es aún la generalizada práctica de la extorsión, pues se calcula que uno de cada cuatro comerciantes paga “derecho de piso”, aparte de la incuantificable telefónica y cibernética.
Es un fenómeno de larga data y tiene antecedentes en la extorsión entre los hombres y mujeres del poder económico, político, mediático, religioso y criminal, como fue reconfirmado con la denuncia del presidente Andrés Manuel en la mañanera del martes 6, en cuanto a que Televisa intentó extorsionar con 200 millones de pesos a la hoy gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle. Igual que lo buscó con el gobernador de Morelos (2012-18), Graco Ramírez, sólo que con 300 millones de pesos. Para no hablar de Joaquín López-Dóriga y esposa que lo pretendieron con la magnate María Asunción Aramburuzabala con cinco millones de dólares.
Volvamos al punto. De acuerdo con el INEGI y su informe de homicidios de enero a diciembre de 2023, dos de cada cinco víctimas de muertes accidentales y asesinatos intencionales tenían entre 20 y 34 años. Los datos muestran una disminución respecto a 2022, pero destacan que México lleva siete años superando 30 000 casos anuales. La serie histórica de los homicidios registrados de 1990 a 2023 que presentó el INEGI muestra que en 2023 el número de asesinatos fue el más bajo desde 2016, cuando se reportaron 24 559, y a partir de 2017 superó los 30 000.
Importan sobremanera los antecedentes. En los primeros cinco años de gobierno de Felipe Calderón se perpetraron 19 129 homicidios en promedio, mientras que con Peña Nieto fueron 24 095, y en cinco años del gobierno de Andrés López Obrador el promedio fue de 34 697. A escala nacional, en 2023 la tasa fue de 24 asesinatos por cada 100 000 habitantes, la cual es menor a la de 2022, que fue de 25.9.
Recientemente, el autor intelectual de la “guerra contra el narcotráfico” (2006-12), Felipe del Sagrado Corazón de Jesús, nombre al que fue incapaz de rendir el menor de los respetos como hombre público, reconoció en un seminario realizado en Madrid, España, donde radica, que su estrategia de “combate” (negociada con Joaquín Guzmán Loera por medio de Genaro García Luna), tendrá consecuencias hasta el año 2042. Es decir, además de la premura para legitimarse en Los Pinos tras la generalizada percepción ciudadana de que “se robó la elección” y la silla presidencial, todo indica que tenía plena conciencia del prolongado baño de sangre, muerte y desplazamientos poblacionales en que introduciría a México.
De tal manera que si bien es pertinente exigir más y mejor seguridad pública, y sobre todo involucrarse en su construcción diaria desde la familia, la escuela y el barrio, no lo es tanto esperar resultados sustanciales a corto plazo.
Acuse de recibo
Durante los foros en los que participó la ministra Lenia Batres, organizados por Morena, colectivos y colegios de abogados, presentó una radiografía del Poder Judicial federal. En estos actos se refirió a un análisis de las 258 000 tesis aisladas y jurisprudenciales vigentes, en las que sólo 195 son sobre el derecho a la salud, 70 en torno al derecho a la educación y 30 acerca del derecho a la vivienda. Y, en contraste, la “ministra del pueblo” señala que hay 12 000 tesis vigentes que tocan temas corporativos y fiscales. Batres critica que existen 78 leyes declaradas inconstitucionales a partir de 2019 por razones de supuestos vicios en el proceso legislativo, lo que significa 600% más que las 26 invalidadas entre 1995 y 2018… “Totalmente de acuerdo con el doctor Enrique González Ruiz respecto al tema de Ayotzinapa. Ni AMLO ni Claudia lo resolverán. Quizás encuentren los cadáveres y deseable algunos con vida, pero nunca a los culpables”; asegura Arturo Sandoval… Segunda y última parte: “3. Han transcurrido casi diez años y se sigue culpabilizando a quienes han defendido una causa justa. Entre ellos, a Vidulfo Rosales y al Centro Pro, quienes gozan de la confianza de las víctimas, y merecen por ello nuestro reconocimiento a su trabajo. 5. Es deseable que el nuevo gobierno no esgrima más excusas y juzgue a quienes participaron en ese crimen de Estado, que implica la comisión de delitos de lesa humanidad. Saludos afectuosos: Enrique González Ruiz”.
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