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SOFÍA GONZÁLEZ TORRES
La manera en que el gobierno mexicano adquiere bienes y servicios está a punto de transformarse. El 10 de abril de 2025, el Senado aprobó una de las reformas más ambiciosas en materia de contrataciones públicas de las últimas décadas: la nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una legislación que no solo actualiza un marco jurídico que llevaba 25 años sin cambios, sino que plantea una nueva lógica en el uso de los recursos públicos.
Lejos de ser una simple modernización legal, esta iniciativa propone un rediseño del ecosistema de compras del Estado, con foco en tres objetivos: eficiencia, transparencia y mejores condiciones para el erario.
De CompraNet a una Plataforma Digital integral
El corazón de la reforma es la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, que sustituirá al viejo sistema CompraNet. Esta nueva herramienta busca dejar de ser un simple repositorio documental para convertirse en el centro nervioso del gasto público. Por primera vez, el Estado contará con una plataforma tecnológica que permitirá dar seguimiento completo al ciclo de vida de una contratación: desde la necesidad de una dependencia hasta el cumplimiento del contrato.
En un plazo no mayor a 30 meses, toda contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios deberá realizarse a través de esta plataforma. Pero el cambio va más allá del software: también habrá una Tienda Digital del Gobierno, donde las dependencias podrán adquirir bienes de uso común —como agua o papelería— con agilidad, control de precios y órdenes de suministro inmediatas.
Más competencia, menos discrecionalidad
Uno de los avances más importantes es la reducción del porcentaje máximo permitido para adjudicación directa, que pasa del 30% al 20%. Esta medida responde a una preocupación constante de la ciudadanía: la opacidad en los contratos asignados sin concurso.
Además, se incorporan mecanismos que ya se usan en países con altos estándares de transparencia, como la subasta inversa, bitácoras electrónicas, testigos sociales con mayores atribuciones, y perfiles profesionales obligatorios para residentes de obra.
También se fortalecen los diálogos estratégicos previos a las contrataciones. Esto significa que antes de emitir una licitación, el gobierno podrá hacer consultas técnicas con proveedores potenciales para diseñar bases más realistas y evitar sobrecostos, errores o adjudicaciones fallidas.
Inclusión y justicia económica
La nueva ley pone énfasis en la participación de cooperativas, Mipymes y organismos del sector social de la economía, tradicionalmente excluidos de los grandes contratos públicos. A través de un sistema de certificación y compras consolidadas, se busca que más actores locales y sociales accedan a una parte del presupuesto público.
Este enfoque es clave si consideramos que, según el Censo Económico 2019 del INEGI, las micro y pequeñas empresas generan más del 70% del empleo formal en México, pero tienen acceso limitado al mercado gubernamental.
Sanciones y vigilancia real
Por primera vez, se incluye un capítulo específico de sanciones para castigar actos de corrupción. La reforma también establece que todas las contrataciones deben contar con mecanismos de control ciudadano efectivos, como la participación de testigos sociales y la obligación de publicar en línea cada etapa del proceso.
La reforma propone algo más que nuevas reglas: propone una nueva forma de servir.
En palabras de legisladores que respaldaron la iniciativa, esta ley «no solo busca hacer mejores compras, sino dejar atrás una cultura de la improvisación». En lugar de proyectos inflados o licitaciones mal diseñadas, se apuesta por un modelo donde la planeación y la rendición de cuentas sean la norma, y no la excepción.
La visión de fondo es que cada contrato público se traduzca, al final, en una escuela terminada, una carretera funcional o un hospital equipado. No solo en una estadística administrativa.
