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>> Pleno rechaza, con 16 votos a favor y 20 en contra, trámite de urgente resolución
Ciudad de México, 31 de mayo (entresemana.mx). Con 16 votos a favor y 20 en contra, el Pleno de la Comisión Permanente rechazó la propuesta para considerar de urgente resolución un acuerdo por el que se propone convocar al Senado a un Periodo de Sesiones Extraordinarias, para abordar los nombramientos pendientes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
De acuerdo con la propuesta, que fue turnada a la Primera Comisión, se plantea un Periodo Extraordinario para debatir el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se pone a consideración del Pleno del Senado el nombramiento de una comisionada o comisionado del INAI, para dar cumplimiento a las resoluciones dictadas en el juicio de amparo 17/14/2022.
Además del nombramiento de una persona para ocupar el cargo de comisionada o comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para cubrir la vacante generada por Francisco Javier Acuña Llamas.
El acuerdo tiene su origen debido a que el pasado 19 de mayo, el Senado recibió oficios del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante los cuales se comunica que en un plazo de tres días, a partir de la notificación de esta determinación, la Junta de Coordinación Política debería elaborar la propuesta de los candidatos al puesto de comisionado del INAI.
Por ello, la Junta de Coordinación Política del Senado, en acatamiento a la resolución del Juzgado, remitió el acuerdo que contiene la propuesta de las personas para cubrir la vacante que generó Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
Asimismo, la Junta de Coordinación Política también remitió el acuerdo que contiene la propuesta para cubrir la vacante generada por Francisco Javier Acuña Llamas.
La senadora de Morena, Marybel Villegas Canché, denunció que el Poder Judicial pretende usurpar las funciones del Poder Legislativo, por lo que hizo un enérgico llamado a que respeten la división de Poderes y al pueblo de México, que eligió a sus representantes populares.
El senador Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del PAN, señaló que los legisladores de Morena se niegan a aprobar los nombramientos para integrar el INAI, porque a este gobierno le perjudica la transparencia, que se descubran los negocios y la “podredumbre” de la presente administración.
Del PRI, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín subrayó que lo que vemos es la ejecución de una resolución de amparo, entonces ¿cuál intromisión?, porque la Corte sencillamente le dice a la Cámara de Senadores “haz tu trabajo”, porque eso es lo que tenemos que hacer, “porque las facultades no las dieron para esconder, para marrullar y tratar de llevar agua a su molino”.
Por Movimiento Ciudadano, el senador Noé Castañón dijo que se tiene la posibilidad de hacer justicia a la ciudadanía, ya que “son 61 días que lleva el INAI sin una integración”, por lo que debemos acatar la resolución, para ser un órgano que actúe y reivindique justicia a los mexicanos.
Eunice Renata Romo Molina, senadora del PES, manifestó que la juzgadora federal se extralimitó en sus facultades, pues pretende manipular a un Poder que emana de la Constitución y de la soberanía, lo que es “grotesco, indignante, inmoral e inconstitucional”.
El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, planteó que con el turno a la Primera Comisión, de la propuesta para convocar a Periodo Extraordinario, no se cumplirá con el plazo establecido en la convocatoria.
Del Grupo Plural, el senador Germán Martínez Cázares dijo que nombrar a los comisionados del INAI es una obligación del Senado; incluso, si ésta la objeta el Ejecutivo federal, la Cámara Legislativa debe elegir a la persona para el cargo.
En tanto, el diputado de Morena, Hirepan Maya Martínez, calificó a los legisladores que defienden a la Suprema Corte como “sumisos cortesanos del Poder, clasistas y racistas, porque se someten al interés de las minorías burguesas, que creen que pueden mandar en la voluntad popular”, e insistió en que el Poder Judicial atenta contra la estabilidad democrática del país.
El diputado Jorge Triana Tena, del PAN, afirmó que la Suprema Corte está para revisar las leyes que se aprueban en el Congreso de la Unión, “y lo que vemos es un ataque vil y ruin en contra de las y los ministros y sólo se exhiben como lo que son: empleados presidenciales; por eso perdieron 33 diputados entre 2018 y 2021, que representan nueve millones de votos, y por eso van a perder la Presidencia de la República y la mayoría en el Congreso de la Unión en el 2024”.
Por su parte, el diputado Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, aseguró que los jueces pueden tomar decisiones que vayan contra poderes electos democráticamente, porque haber sido electo por una mayoría “no es una licencia para matar ni para atropellar el derecho de millones de personas al acceso a la información y a la transparencia”.
María del Carmen Pinete Vargas, diputada del PVEM, dijo que en su Grupo Parlamentario consideran que se le debe dar el tiempo que se requiere al tema, para realizar un profundo análisis, así como apegarse al proceso legislativo y a la decisión de la mayoría de la Asamblea.
El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, consideró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pretende erigirse por encima de los Poderes de la República y entrometerse en los asuntos exclusivos del Legislativo. “No les importa que exhiban al Poder Judicial en sus decisiones políticas, no jurídicas, violentando la división de poderes, usurpando responsabilidades exclusivas”.
Marcelino Castañeda Navarrete, diputado del PRD, acusó que “le tienen pavor a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, por su congruencia y porque los exhibe cada vez que violentan la Constitución”.
Previamente, en la sesión del día de hoy, la Asamblea avaló la licencia que solicitó el diputado Carlos Humberto Quintana Martínez, del PAN, para separarse de su cargo, por tiempo indefinido, a partir del 30 de mayo del año en curso.
