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ROBERTO VIZCAÍNO
Culmina hoy la primera semana de una campaña electoral abierta de 6 aspirantes presidenciales de Morena y aliados, que se empalmó en su cierre con la anulación por parte de 9 ministros contra 2 de la Suprema Corte del llamado Plan B Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Previamente y bajo la ira manifiesta del mandatario, la oposición le anuló en San Lázaro su plan A al no tener Morena y aliados las dos terceras partes requeridas por una reforma constitucional, con que buscaba disminuir de 11 a 7 los consejeros del INE; acortar el número de magistrados del Tribunal Electoral, y disminuir al menos en un 30 por ciento la plantilla de diputados federales y de senadores, además de recortar sustancialmente presupuestos y centrales en todo el sistema electoral de México.
Fue entonces que envió su Plan B al Congreso en busca de lograr los mismos objetivos que el Plan A pero a través de la aprobación atrabancada de leyes secundarias, con obvias y graves violaciones a los procedimientos legislativos establecidos en los artículos 71 y 72 de la Constitución.
Con 9 nueve contra 2 votos, la Corte eliminó ayer por violaciones graves de procedimiento en su aprobación, las reformas a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales y General de Partidos Políticos, así como una nueva Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral contenidas en el Plan B.
Con la sentencia de ayer recobran vigencia las leyes electorales de la reforma de 2014.
Y el artículo 105 de la Constitución impide promulgar o publicar reformas en materia electoral durante los comicios de junio de 2024.
En total el llamado Plan B aprobado a machete y sin consideraciones a las minorías y a los procedimientos constitucionales, reformó más de 510 artículos y de al menos 6 grandes leyes en solo 4 horas, resumió el ministro Javier Laynez.
«Es claro y evidente que se violó el principio de deliberación democrática», indicó.
Juan Luis González Alcántara calificó esta acción como «un vicio de gran gravedad» que violó el sistema bicameral de aprobación de leyes.
Otro problema, ya detectado al resolver la primera parte del Plan B, fue que el dictamen en el Senado no fue aprobado en comisiones con la mayoría que requiere su reglamento.
Las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz fueron las únicas que defendieron de nuevo la actuación de diputados y senadores de Morena y sus aliados, se quejaron de que los ministros no entraron al fondo de las reformas, y exigieron «deferencia» hacia los órganos legislativos y respeto a su autonomía.
Luis María Aguilar reviró:
«No respetar las reglas de procedimiento legislativo es una deslealtad Constitucional y un desdén a las minorías, que representan a un sector importante del pueblo», afirmó.
«Si lo que se hizo no es ley, no tengo porque estudiar el fondo… No se puede ser deferente con nadie, si lo que se viola es la Constitución», respondió a su vez Alberto Pérez Dayan. »
La presidenta de la Corte Norma Piña apoyó totalmente el proyecto de anulación del Plan B presentado por Javier Laynez Potisek y votado a favor por Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo y por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Con evidente malestar y algunos gestos al final se sumó Arturo Zaldívar a la mayoría.
La ministra Piña exigió congruencia y recordó que, en agosto de 2022, la Corte invalidó por unanimidad una reforma de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones, por vicios de procedimiento similares a los del Plan B que en esa ocasión fue votado igual a favor por la ministra Ortiz.
SIN PLANES A NI B AMLO APLICA EL C
Sin posibilidades de promover ya otra reforma electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue adelante con su Plan C que es el de correr su proceso de sucesión con 4 militantes de Morena cercanos a él y con uno del PT y otro del Verde, bajo sus propios tiempos, agenda y formato.
Bajo el supuesto de que los 6 contendientes –Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco– van por el encargo interno en Morena de Coordinador de la Defensa Nacional de la Transformación, todos ellos han recibido 5 millones de pesos para que hagan campaña durante 2 meses y días para que a finales de agosto se realicen encuestas que dirán quién de ellos ocupará esa tarea que en verdad será la del candidato o candidata a la Presidencia de la República.
¿Esto viola la norma electoral? Sí. Pero como se supone que la campaña es por un cargo interno, AMLO y los suyos aseguran que no hay nada que perseguir ni sancionar.
Y en estos momentos no se ve que el INE o el Tribunal electoral tengan la fuerza para enfrentar esta artimaña ideada por el presidente López Obrador y su partido.
Es obvio que AMLO iría a situaciones impensadas e imprevistas hasta hoy para defender y sacar adelante este su proceso de sucesión,
Si antes asaltó y tomó pozos petroleros, o secuestró durante semanas el Paseo de La Reforma, o canceló el proyecto del aeropuerto Internacional de la Ciudad de México quizá la obra más importante del decenio en la región, o mantiene contra viento y marea y costos financieros altísimos sus obras de Bocas, Tren Maya y Aeropuerto Felipe Ángeles, ¿qué no estará dispuesto a hacer por sacar adelante a su sucesor como él quiere y cree que puede?
En eso estamos hasta hoy.
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