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DRINA ERGUETA
(SemMéxico. La Paz, Bolivia). En medio de las celebraciones carnavaleras, recuperadas luego de la pandemia, muy lejos han quedado ya los primeros resultados de la visita a Bolivia del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán; mucho más uno de los puntos en los que él hizo énfasis, relativo a las mujeres; y también las acciones y logros que, en materia jurídico policial, las mujeres han hecho al margen de este personaje.
Hace menos de una semana los diarios llevaban días escribiendo sobre la llegada y reuniones del Relator, con especial interés en a quién iba a escuchar y lo que él fuera a decir posteriormente, en un simple afán de conseguirlo como validador de posiciones políticas en la polarización que vive Bolivia desde hace años.
García-Sayán llegó al país para hacer una evaluación de la situación e independencia del sistema judicial y de magistrados y abogados, basado en varios aspectos entre los cuales figura el de la “visión de género”. Sobre este punto él también se refirió antes de abandonar el país, punto que apenas fue reflejado en los medios, interesados (o decepcionados) por publicar que él no encontró ningún caso que le demuestre que haya persecución política en la justicia.
El Relator dijo que observó que en Bolivia es difícil el acceso a la justicia para las mujeres que sufren violencia, lo mismo que ocurre con las personas indígenas. Estos puntos, entre otros, serán reflejados en detalle en su informe que será dado a conocer a mediados de este año.
García-Sayán ya presentó datos sobre las “políticas destinadas a garantizar la equidad de género” en varios puntos del planeta, donde aún no aparecen los de Bolivia. Estos se refieren a medidas que impacten en el acceso de las mujeres al sistema de administración de justicia, tanto como víctimas como siendo juristas.
Por ejemplo, explica que, en América Latina, Argentina cuenta con un 30 por ciento de juezas y un 26 por ciento de procuradoras y fiscales; el Perú tiene un 42 por ciento de juezas y Colombia un 43 por ciento. En el Uruguay, el 81 por ciento de las fiscales son mujeres. En los Estados Unidos de América las juezas representan el 36 por ciento. En Chile las juezas representan el 60,2 por ciento de la totalidad. Las mayores proporciones, están en el Caribe: la isla de San Cristóbal tiene el 83 por ciento de juezas; las Bahamas y San Vicente y las Granadinas con una proporción del 64 por ciento.
Saber que hay más o menos mujeres en un espacio tradicionalmente masculino es un dato relevante para evidenciar el acceso femenino a puestos de poder; sin embargo, es evidente que el hecho de que haya más mujeres juristas no garantiza que su perspectiva deje de ser patriarcal. Por ello, el informe que el Relator pueda hacer es simplemente descriptivo y posiblemente no refleje el trabajo que realizan otras mujeres, desde un trabajo individual u organizativo, para lograr justicia.
El Relator llegó a Bolivia poco después de que se haya destapado un entramado judicial corrupto que favorecía a feminicidas y violadores sentenciados, en cuyo descubrimiento, con la recopilación y denuncia de casos, participaron varias organizaciones feministas como Mujeres Creando y Mujer de Plata, entre otras. La activista María Galindo denunció al director del Penal de San Pedro y logró que sea apartado del puesto; así como también logró, gracias a presionar a una fiscal, que se detenga un feminicida sentenciado. De igual forma, la abogada Jessica Echeverría logró finalmente que sea sentenciado a 20 años de prisión al líder de la “manada” de violadores boliviana, en Santa Cruz.
El Relator, cuya llegada y presencia causó tanto revuelo, se fue hace unos días y ya se le ha olvidado. Lo que dijo respecto a las mujeres pasó inadvertido y posiblemente así también será en junio cuando dé su informe, con sus estadísticas y recomendaciones. Aún es carnaval y la fiesta sigue, seguramente dejará casos de violencia machista, violaciones y feminicidios que tampoco serán relevantes. Sólo la lucha de las mujeres da y dará frutos.
