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DULCE MARÍA SAURI RIANCHO* (SemMéxico, Mérida, Yucatán). 2021.-Es mi última colaboración de un año que ha transcurrido entre la obscuridad del azote del Covid y las luces de las vacunas y tratamientos para combatirlo.
2021 nos ha mostrado la mutua interdependencia de los seres humanos, que no se pueden salvar unos cuantos mientras los demás continúan sin tener acceso a medios que en algunas regiones del mundo son despreciados por la nueva “secta” de los “anti-vacunas”.
Esta es también la tercera reflexión sobre la urgencia de construir un relato del porvenir, una narrativa de futuro para México, que se presente como una verdadera alternativa ante la polarización y el enfrentamiento que parecen haberse entronizado en nuestra vida colectiva.
En anterior colaboración reseñé lo que, a mi juicio, debe ser preservado en el gobierno que se iniciará el 1º de octubre de 2024, porque no podemos desperdiciar el esfuerzo social y la inversión realizada.
Repasé aquellas cuestiones que, sin duda ni titubeo, habrán de ser rechazadas enérgicamente por los nuevos gobernantes, muy en especial, el ataque sistemático a las instituciones realizado por el actual presidente de la república en su ruta de re-concentración del poder en su figura.
Dejé para esta ocasión la audacia de perfilar algunos elementos para construir una alternativa diferente a la que triunfó en 2018, pero que también se aparte de la nostalgia del pasado inmediato, el que fue rechazado por una mayoría de votantes hace apenas tres años.
Dos son los ejes en torno a los cuales descansa la ambiciosa propuesta de futuro. El primero consiste en construir una nueva relación entre el Estado y la sociedad, entre el gobierno y el pueblo, en lo que sería una “reforma del poder”, aquella que postuló Colosio en su memorable discurso del 6 de marzo de 1994.
Contra lo que postula y hace el actual gobierno, reconocer la emergencia de la sociedad civil y su capacidad de organización para participar en la toma de decisiones sobre asuntos de interés colectivo obliga a replantear el ejercicio mismo de gobierno.
La participación social y su apropiación de las políticas públicas y los programas es la única garantía de que efectivamente funcionen y se preserven el tiempo necesario para rendir frutos.
Se trata de pasar del asistencialismo, de la dádiva interesada y la organización clientelar, a un trato entre corresponsables del desarrollo: sociedad y gobierno.
Recuperar la fortaleza de las instituciones es el segundo eje de la propuesta de futuro.
La concentración y centralización del poder en la figura presidencial las ha deteriorado seriamente y ha envilecido la vida institucional del país.
Una alternativa real al presente significa recobrar la dinámica de las responsabilidades asignadas y ejercidas por las y los servidores públicos. Algo tan sencillo y a la vez complejo como lograr que cada quien haga su parte y que la persona que encabece el poder ejecutivo federal se vea a sí misma como una gran coordinadora del trabajo colectivo, ni el profeta ni el monarca burocrático cuyos deseos son órdenes, por más disparatadas que sean.
Sobre estas dos piedras fundacionales se pondrían los cimientos de un Estado del Bienestar para una Sociedad del Bienestar.
El presidente López Obrador concibe al bienestar como una consecuencia de sus políticas, no como una nueva forma de pacto social, que es justamente lo que propongo.
El derecho al bienestar en todo el ciclo de vida de mujeres y hombres, desde su nacimiento hasta su muerte, es la esencia misma de un Estado democrático, añeja aspiración que, quizá con otras palabras, se ha enunciado desde hace más de un siglo.
Pasar de la abstracción y la generalidad hacia las propuestas específicas demanda retomar acciones del actual gobierno, concretamente la pensión de adulto/as mayores, que en la actualidad llega a más de 8 millones de personas de 65 años y más.
Esta es la gigantesca plataforma instalada desde hace al menos dos décadas —el precursor fue el presidente López Obrador, entonces jefe de gobierno del Distrito Federal—, que hace posible plantear la pensión universal como el ejercicio del derecho al bienestar.
No es la “ayuda” bimensual que actualmente se entrega —necesaria pero insuficiente para la mayoría— sino un pago mensual que equivaliera, al menos, al salario mínimo, independiente de la condición laboral de las personas que alcancen 65 años.
La otra propuesta de la alternativa del Bienestar es el Sistema Nacional de Cuidados. La legislatura pasada aprobó la reforma constitucional para su establecimiento, con una estrategia gradual que permita garantizar la viabilidad de su desarrollo.
Tod@s tenemos derecho a Cuidar y a ser Cuidad@s; sin embargo, la función de cuidar descansa principalmente en las mujeres de las familias, tanto de la niñez, personas enfermas o con discapacidad y ancianos.
Concebir que la atención y el cuidado de los integrantes del hogar es una responsabilidad compartida entre la Sociedad y el Estado es profundamente perturbador entre quienes conservan creencias sobre la división del trabajo por géneros, correspondiendo a las mujeres por “amor y tradición” el cuidado de la familia.
Dos políticas públicas abonarían el camino hacia la sociedad del Bienestar a través de una transformación en las responsabilidades del cuidado. Una se relaciona estrechamente con la atención de las y los niños menores de 4 años, “la primera infancia”.
El sistema de Estancias Infantiles, desmantelado por la actual administración, apuntaba correctamente al ejercicio del derecho a “ser cuidad@”, para millones de pequeños que tendrían que permanecer en sus casas con poca supervisión por parte de los adultos porque la madre salió a trabajar o a estudiar.
También la obligación de “cuidar” a cargo generalmente de las progenitoras es compartida en un Estado del bienestar en esas mismas estancias o centros de desarrollo infantil.
La otra política de Cuidado está relacionada con las escuelas de tiempo completo, esas mismas que, por una extraña e inexplicada determinación burocrática, prácticamente se encuentran en extinción.
Este programa tendrá que ser recuperado y relanzado porque en esas escuelas niñ@s y jóvenes ejercían su derecho a ser cuidados, atendidos, mientras sus padres se empleaban en diferentes labores. Las “cuidadoras”, las madres, podían destinar su tiempo al trabajo remunerado o simplemente al descanso.
Habrá quien piense que un desarrollo distinto, más justo y que combata la desigualdad y la pobreza no puede descansar sobre algo tan aparentemente cotidiano como un sistema nacional de cuidados.
A ellos les propongo debatir sobre el significado revolucionario de su implantación a escala nacional. Es de tal calado que tendría que ser gradual, paso a paso, sobre todo por la viabilidad presupuestal.
Pensiones dignas, cuidados en todas las etapas de la vida, particularmente en la infancia, cambian vidas. Y el bienestar eso es: estar bien, estar mejor, tener esperanza.
Felicidades y salud, amig@s lectores, para 2022. Hago un paréntesis en las dos primeras semanas del año próximo, para retomar el próximo 19 de enero
*Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán
