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ROBERTO CIENFUEGOS J. @RoCienfuegos1
Los hechos de violencia en la sede legislativa de Nuevo León hace unas pocas horas por la disputa sobre el relevo del emecista Samuel García al frente del Ejecutivo Estatal, conforman apenas un atisbo de todo aquello que los políticos de este país están dispuestos a protagonizar en la lucha por el poder, algo que no debería pasar como un riesgo menor o considerarse un incidente aislado en medio de un ambiente prelectoral altamente confrontado y donde las instituciones y los actores responsables de impedirlo, parecen dejar pasar y en ocasiones incluso actuar para atizar un clima de encono que suponen los ayudará a avanzar sus agendas que no por mezquinas dejan de ser riesgosas. Algo esto último que dejan ver poco o nada les importa.
En la sesión hace un par de días del Congreso del Estado se registraron golpes, empujones, gases y hasta una manifestación. Pese a ello el legislativo nuevoleonés eligió el miércoles a un gobernador interino en reemplazo de García, de súbito muy apetente y cobijado por su esposa, una “influencer” popular y aspiracionista, por competir en las elecciones presidenciales del año próximo.
Así, el momento empeoró luego que decenas de manifestantes, entre ellos varios con el rostro embozado, usaron la fuerza para ingresar en el hemiciclo donde tenía lugar un debate legislativo para determinar la elección del gobernador interino.
Entre los gritos escuchados destacó el de ”¡Vendidos!” y entre empujones y golpes, los manifestantes se colocaron en los pasillos de la cámara. Allí se lanzaron gases, obligando a la interrupción temporal de la sesión, mostraron videos difundidos en redes sociales.
Tras las acciones de violencia hubo un intercambio de culpas entre dirigentes de Movimiento Ciudadano y de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), éstos dos últimos con el control del Congreso del Estado.
Más tarde fue reanudada la sesión, en la que los diputados del PRI y del PAN, ambos adversarios de García determinaron que el vicefiscal estatal, Luis Enrique Orozco Suárez, asumiría el cargo de García, inmerso en una pugna política y aun jurídica ante la designación de su relevo en manos de sus adversarios políticos, conforme a la constitución estatal.
García amagó antes con un recurso judicial en caso de que su eventual relevo fuera decidido al margen de las condiciones establecidas por los jueces federales y el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación. De hecho, García dijo que “en el Tribunal les voy a ganar”.
Pero más allá de los recursos legales en favor o en contra de la elección del miércoles, en un país donde un presidente desdeña el imperio de la ley, el hecho simple y llano deja ver el ánimo de los políticos para recurrir incluso al uso de la fuerza física y la violencia con tal de avanzar sus agendas e intereses. Y aun cuando el fenómeno no es nuevo, éste cobra una relevancia especial cuando el país debate una elección presidencial -no únicamente, claro- que deberá decidir entre la consolidación de una autocracia, sin balances ni equilibrios, y la posibilidad de construir un sistema genuinamente de pesos y contrapesos, con una presidencia acotada, y sujeta al equilibrio de otros poderes igualmente constitucionales.
Se quiera ver o no, los manotazos en el legislativo de Nuevo León dejan ver esa vertiente violenta e impositiva que nunca nos ha sido ajena a los mexicanos, y que parece haber ganado terreno en los últimos años de cara a los caprichos más propios de un monarca autoritario que del primer empleado del país, a cargo del poder Ejecutivo, hábil eso sí en el arte de la demagogia, el engaño y con evidentes pretensiones de extender su propia ley más allá del 2024. Quieran la inteligencia y la sensibilidad mexicana se eviten las ansias del ejercicio ilegal, contrario a derecho, y aún violento, de un solo poder en México.
@RoCienfuegos1
